El gobierno lalinense es consciente de que la reapertura del parking Europa acabará en los tribunales. Así lo apuntó ayer el edil de Urbanismo, Román Rodríguez, en un pleno en el que se reiteró la postura del ejecutivo local refrendando las obras en el recinto y conminando a la inmobiliaria Portas y Acuña a poner en marcha el aparcamiento.
La decisión iba a ser ratificada poco después del pleno en junta de gobierno y apoyada en un informe de los servicios jurídicos municipales que desestiman el recurso de la concesionaria. En los escritos cruzados entre las partes, el Concello defiende que, una vez acometidas la tareas de demolición, no existen "deficiencias técnicas o constructivas y tampoco las relativas a las medidas de seguridad". Este es el argumento de Portas para negarse a reabrir el recinto -el gobierno había instado a la firma a ponerlo en marcha el 25 de abril-. Cómo rematará el proceso está claro: en un contencioso, aunque el tiempo que seguirá cerrado este servicio es una incógnita.
El trillado caso del parking volvió a enfrentar a gobierno y oposición por dos motivos: la legalidad de las obras del aparcamiento cuya construcción y concesión asumió Portas y Acuña en 2003 y el alcance que para las arcas municipales que supusieron los trabajos de legalización a raíz de la denuncia de la familia Carral. Los portavoces de PSOE y BNG, Manuel González Aller y Xesús Cordeiro, volvieron a reclamar la dimisión del alcalde, José Crespo, y del edil de Urbanismo y lamentaron que en todo este proceso "no se depurasen responsabilidades políticas". El primero, que se ausentó 40 minutos después del comienzo del pleno, no quiso irse sin lanzar un par de dardos a socialistas y nacionalistas. "Usted no tiene ni idea de la economía del ayuntamiento. ¿Sabe realmente lo que costó el parking?", espetó el mandatario a Codeiro, cuando criticó la carga económica que han supuesto las tareas de legalización del inmueble y, sobre todo, en caso de que la justicia ordenase la demolición total del aparcamiento. "No lo sé, pero da lo mismo. Si fuese edil de Urbanismo, ordenaría ya en 2003 paralizar las obras" contestó el edil del Bloque. Antes, Crespo afirmó que el valor de la obra -adjudicada en 3,3 millones de euros- era semejante al remanente de tesorería de la administración local.
Aller, por su parte, centró su intervención en el varapalo que supuso para el gobierno el cierre del parking, en octubre de 2009. Insistió en que la justicia estimó ilegal el proyecto, instante en el que fue frenado por Román Rodríguez, apuntando que el diseño era correcto y que la denuncia de los afectados se debía a que el parking se levantó en 60 centímetros por encima de la rasante permitida. "Los conozco, y sé que si nos hubiesen obligado a demoler el parking, tirarían bombas y harían una fiesta", proclamó el primer edil hacia la bancada socialista. "Lo que me pasó cuando conocimos este caso fue que se me atragantó la comida", dijo Aller. El ejecutivo aprobó en solitario el rechazo al recurso de la concesionaria.
Sí se posicionó de lado del ejecutivo la oposición en sendas propuestas de créditos extraordinarios para el fomento del comercio -centrado en el nuevo mercado sabatino- y el apoyo económico a las bandas de Lalín y Vilatuxe para sus concursos en Holanda y Valencia. No obstante, PSOE, BNG y Partido Galeguista Demócrata (PGD) echaron en falta un mayor respaldo al comercio local en momentos de crisis.
Registros civiles
En otro orden de cosas, el gobierno tumbó las mociones del PSOE sobre la nueva ley del aborto y la del BNG, relativa a que los registros de la propiedad asuman las competencias de los civiles.
