"Quiero aclarar ante los medios que en ningún momento yo confesé que el alcalde amañó una oposición para que entrase el técnico de Deportes. Eso quiero negarlo rotundamente". Son las palabras, en la mañana de ayer, del edil estradense Ismael Pena, después de que se haya hecho pública la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Pontevedra a la que se adjunta una grabación de la conversación mantenida por el concejal y el anterior técnico municipal de Deportes, hoy día extrabajador municipal y al que el Concello tuvo que indemnizar por despido improcedente con 4.648 euros.
"De la transcripción esa" -puntualizó también que es solo un extracto de una conversación que se prolongó por espacio de unos 40 minutos- "yo entiendo que no confieso que estuvieran amañadas", manifestó Pena, que quiso dejar claro ayer que "en ningún momento" fue consciente de que su interlocutor estaba grabando la charla que mantuvieron, según explicaron, después de que el entonces todavía técnico de Deportes le pidiese reunirse con él "para ver cómo iba a ser el proceso selectivo y si teníamos pensado sacar la plaza a una oposición libre, como así tiene que ser", indicó el alcalde, José López, quien compareció junto a su compañero de gobierno para atender las preguntas de los periodistas.
El jefe del ejecutivo estradense reconoció que no le sorprendió lo trascendido. "Ya se nos hiciera llegar en su momento que si la plaza que iba a cubrir, porque él entendía que tenía un derecho consolidado por un contrato encadenado durante tres años, si no se pasaba esa condición a indefinido él recurría e intentaría tomar las decisiones que considerase oportunas", declaró el munícipe, que también añadió que el gobierno era conocedor de la existencia de las grabaciones, aunque desconocía que se hubiese presentado una denuncia ante la Fiscalía.
Al ser preguntados entonces por si el extrabajador les informó directamente de que había grabado la conservación con Pena, el propio titular de Deportes informó de que hubo una vista en el Juzgado de lo Social Número 4 de Pontevedra a la que él fue citado y en cuyo transcurso se presentaron esas grabaciones.
Fue en este momento cuando el alcalde aludió a la sentencia emitida por la citada sala judicial. Subrayó que en ella se apunta que no se entra a valorar la testifical practicada a instancia del actor, "porque si con ella se pretendía acreditar que la cobertura del puesto que ocupaba estaba 'amañada' o que no continuó por razones políticas, son cuestiones que no se han alegado en la demanda". Aun sin entrar a valorarla, señala que tampoco consta que el demandante haya impugnado el proceso de selección tras el cual fue contratada otra persona para prestar los servicios que él venía realizando.
López interpreta que ello "deja bien a las claras que no existió ningún tipo de problema en el proceso de contratación". "El propio juez ya toma cuenta de esta prueba y, a parte de no darle ningún tipo de relevancia ni importancia, no la admite y yo creo que no tiene ninguna repercusión, sino el juez debería, o abrir unas diligencias o dar traslado a la fiscalía", consideró el dirigente local, recordando que esta vista se celebró ya el pasado 18 de diciembre. "Hubo una sentencia, un fallo judicial en el que no le dan validez a la prueba, donde no le dan tampoco repercusión ni importancia y donde se dicta un auto que es un despido improcedente y una indemnización y finalizó esa relación contractual", insistió.
López Campos también quiso matizar que el Concello "no despidió a este trabajador". Sostuvo que a este técnico se le renovó el contrato por un año con el gobierno bipartito en funciones, "después de perder las elecciones municipales y antes de la toma de posesión del nuevo gobierno". Llegado el vencimiento del mismo, se convoca una nueva plaza. "Ese trabajador, no sé por qué motivo, entendía o creía que tenía derecho a seguir manteniendo esa plaza", declaró.
"La propia predisposición del trabajador ya se le ve cuando trae una grabadora y pretende sonsacar al concejal y llevarlo al terreno que pretendía", continuó el mandatario, que puntualizó que no está acreditado el lugar de esta conservación -aunque la parte demandante señala que fue en el despacho del edil-, ni la fecha, que el trabajador situaría en el 31 de mayo. "Ya pasó por las manos de un juez y no le dio ningún tipo de relevancia", incidió el alcalde.
"Intento de acuerdo"
López Campos fue más allá y manifestó: "esta persona se presentó a los exámenes, no aprobó, no le gustó no aprobarlo y de hecho se pusieron en contacto con nuestro abogado para intentar llegar a un acuerdo. Se le dijo que no e incluso llegaron a decir, que si no llegábamos a un acuerdo ellos podían coger un camino determinado -que por lo visto ya lo cogieron- y se le dijo que adelante, que nosotros no tenemos nada que ocultar y que desde luego este gobierno tiene claro su compromiso con la transparencia y no va a aceptar este tipo de propuestas". Al ser preguntado por qué tipo de acuerdo se le habría propuesto, señaló que "los hechos lo aclaran perfectamente".
El munícipe defendió que el proceso fue "claro, transparente y fue llevado con el procedimiento administrativo perfecto". "El expediente está a disposición de quien quiera verlo", apostilló.
Desde la Fiscalía se confirmó ayer que la denuncia acaba de ser presentada y que seguirá el trámite normal, que comenzará ahora por las diligencias preprocesales, esto es, por el análisis de la documentación aportada. Se abordará la denuncia y, en la correspondiente investigación se determinará si es preciso buscar más documentación o pedir alguna declaración.
