La asesoría viguesa EIA, responsable de la defensa de José Mouriño y Carmen Reboredo por su imputación en el llamado 'crimen de Barcia', acaba de remitir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda formal en la que piden que el caso se resuelva mediante un tribunal popular, en lugar de un juez de la Audiencia Provincial.

Los abogados del matrimonio recurrieron a la alta instancia europea después de que el Tribunal Constitucional declinase su petición, ya que no tiene competencia en este tipo de casos. A mediados de febrero, El Tribunal Europeo comunicó al bufete que admitía a trámite su recurso.

Las defensas entienden que Mouriño y su esposa quedaron en situación de indefensión en mayo del año pasado, cuando la entonces jueza del Número 1 de Lalín, Cecilia López, amplió la imputación del matrimonio, al que responsabiliza no solo del asesinato de su hija Sonia (tras recibir dos golpes de maza en la cabeza) y de la muerte de un exempleado, Amador Vázquez, asfixiado por el incendio que quemó la casa. La jueza admite el escrito del fiscal y culpa a la pareja de un intento de homicidio de la madre y hermano de Reboredo mediante dicho incendio. Ambos fallecieron recientemente en la residencia de Outeiro de Rei.

Pues bien, en dicho auto la jueza decreta que el caso ha de resolverse mediante un juez de la Audiencia Provincial (como pide el fiscal), y no mediante un tribunal popular. Ante esta decisión, las defensas de Mouriño deberían presentar un recurso de queja, pero en el auto de la jueza se indicó, por error, que dicho recurso tenía que ser de apelación. De ahí que la Audiencia Provincial no admitiese el recurso que habían remitido las defensas del matrimonio.