El día 18 de octubre del año pasado, Paula Fernández Pena presentó una denuncia en el Juzgado Decano de Lalín para "poner en su conocimiento hechos presuntamente delictivos" y que este investigase y decidiese sobre los mismos. Por eso, se cursó una denuncia firmada por la alcaldesa, y no una querella criminal, que debería ir suscrita por abogado y procurador y en la que el denunciante es parte del procedimiento. Así es que la citación judicial pilló por sorpresa a la propia Pena, que, tras seis meses sin novedades, daba por hecho que el caso había sido archivado.
"Lo que se busca con esta denuncia no es criminalizar ni intimidar a la oposición ni a nadie, sino velar por los intereses de los ciudadanos, evitando que se cometan ilegalidades", manifiesta ahora la regidora. Desde su punto de vista, mostrar el PXOM antes de que estuviese corregido en base al informe de la Xunta y aprobado inicialmente podía "dar lugar a especulaciones", sobre todo en el momento actual de crisis económica y con las dificultades que atraviesa el sector agrario. En cualquier caso, Pena reitera que su denuncia tenía por objeto "velar por el cumplimiento de la legalidad" y que fuese el juzgado el que investigase los hechos, si así lo estimaba, y decidiese si estos revisten o no carácter delictivo.
