El regidor de Agolada no duda en definir este primer año de mandato como "muy difícil por la crisis y los reajustes económicos". Nada tienen que ver los últimos 12 meses con 2006, el primer año que Varela ascendió a la alcaldía –lo hizo en diciembre de 2005– para sustituir al anterior alcalde y suegro, Manuel Costa Casares.

–Cuando asumió la Alcaldía, la deuda comercial de Agolada era de 200.000 euros. Hoy, supone seis veces más. ¿A qué se debió este espectacular aumento?

–Es cierto que la deuda subió de año en año, pero la oposición debe tener en cuenta que nuestro gobierno se vio obligado no solo a pagar facturas de periodos anteriores, sino también a mantener el coste del Servizo de Axuda no Fogar, que rozó el centenar de usuarios y en el que tuvimos que afrontar recortes desde la Xunta. Nuestros gastos se concentran también en otras cuestiones, como obras importantes y de la envergadura del campo de fútbol, que antes era un barrizal. El mantenimiento de nuestra red viaria también supone un importante desembolso, porque tenemos 14 concentraciones acabadas y podemos presumir de tener su red de caminos en buen estado y también desbrozada.

–¿Qué ocurrirá si Hacienda, el próximo lunes, no vuelve a dar el visto bueno a su plan de ajuste?

–Me preocupaba mucho que cobrasen los proveedores, y éstos ya han recibido su dinero. En el peor de los casos, Madrid nos retendrá el 50% de nuestra participación en los ingresos estatales [36.795 euros mensuales], conque tendremos que ajustarnos aún más el cinturón. Por mi parte, tuve que recurrir a una medida muy dolorosa para mí, la de despedir a trabajadores.

–Precisamente, el Concello lleva un ritmo ralentizado en cuanto a la aprobación de presupuestos por la baja laboral del secretario.

–Sí, es imposible que con la visita, una vez por semana, del secretario de Dozón pudiésemos sacar antes los presupuestos. Pero el día a día de la labor municipal también se vio afectado por otras bajas prolongadas como la de la trabajadora social, o la de uno de los conductores de la desbrozadora. Llegamos a tener hasta siete trabajadores de baja, lo que supone un gran menoscabo para un concello pequeño como el nuestro, aunque contásemos con trabajadores de la Diputación.

–El Gobierno Central acaba de anunciar su intención de suprimir las mancomunidades. ¿Qué camino le queda a Agolada: Incrementar su cooperación con Dozón y Rodeiro o dejarse fusionar con estos concellos, como propuso el edil independiente de Rodeiro Manuel Salgado? ¿Cabría inclusión una absorción por parte de Lalín?

–Descarto totalmente la absorción por Lalín, pero sí estoy a favor de una colaboración creciente con Rodeiro y Dozón, más que nada porque Agolada dispone de un parque móvil muy bueno pero que, en el caso de algunos camiones, está hasta seis meses seguidos sin utilizarse pero generando gastos como mantenimiento o reparaciones. Esta maquinaria podría ser compartida entre los tres concellos, puesto que los turnos que nos corresponden a Agolada de la maquinaria de la Mancomunidade no son suficientes. A pesar de que tenemos una red viaria similar a la de Silleda o Vila de Cruces, nuestra tanda es muy inferior.

–¿Paraliza mucho el desarrollo de Agolada la falta de un Plan de Urbanismo?

–Su carencia se nota no tanto en la construcción de nuevas viviendas como en los impuestos, porque muchos solares urbanizables figuran, según las normas subsidiarias, como si estuviesen en terreno rústico, por lo que pagan mucho menos de lo que le corresponde y sus dueños tampoco quieren venderlos.

JOSÉ MANUEL FERRO PRIETO - Edil del Grupo Mixto

"Este equipo no es el revulsivo que necesita Agolada para un cambio"

El portavoz del Grupo Mixto, Manuel Ferro, se manifiesta en idéntica línea que José Rivas. "Este año estivo marcado por el ajuste económico, y el resto de mandato seguirá la misma línea. Agolada no es capaz de continuar con determinadas competencias como la red de saneamiento o los servicios sociales, así que no le queda otra alternativa que recurrir a la Diputación", vaticina.

Ferro llegó a la corporación en las elecciones del año pasado, aunque tiene experiencia de concejal en el concello coruñés de Toques. Preguntado por las similitudes entre uno y otro municipio, apunta que "Toques estaba en mejor situación económica, debido en parte a que su deuda es más asumible porque tiene la mitad de población". Eso sí, insiste en que Agolada se diferencia del municipio de Toques en que "lleva varios años bajo la misma línea política, con lo que queda claro que éste no es el ejecutivo que necesita el pueblo de Agolada para tener un revulsivo con el que lograr un cambio. Pero eso ya es decisión de los votantes", añade.

Ferro concluye su valoración añadiendo que el ejecutivo de Varela tampoco supo sacarle el suficiente partido a programas de otras administraciones, como los planes anticrisis del gobierno de Zapatero o los PEIM de la Consellería de Medio Rural.

JOSÉ RIVAS VÁZQUEZ - Portavoz del PSOE

"El gobierno de Varela es una continua huida hacia adelante"

El número uno de los socialistas de Agolada tiene claro que el primer año de este mandato del PP "tiene una matriz de los cuatro o cinco años anteriores, en los que la gestión económica fue nula. Nosotros hicimos una estimación de la deuda comercial, pero no esperamos que fuese de tal envergadura". De hecho, el PSOE calculaba que el ejecutivo de Varela podría adeudar 600.000 euros a proveedores y unos 500.000 a bancos. Pero la realidad es que el pasivo total asciende no a 1,2 millones, sino a 1,8.

Para Rivas, está claro que Agolada tendrá que ser intervenida "porque lo único que se puso en marcha fue una subida de impuestos y tasas que no repercutieron en mejoras de la calidad de vida como la red de saneamiento o traídas de agua".

Para los socialistas, estos 12 meses no fueron otra cosa "que una huida de Ramiro Varela hacia adelante, porque no se puede culpar a un secretario del incremento de la deuda o de la demora en la aprobación de los presupuestos. Todos nuestros problemas pivotan alrededor de la mala gestión económica". Como fruto de ésta, Agolada tendrá que pagar unos intereses, por el pago estatal a proveedores, de 524.000 euros. "Varela pudo evitar tanto esta intervención como el despido de personal si controlase los gastos en luz o telefonía", concluye.