Un informe del Consello de Contas advierte de la "insuficiencia financiera" de la Xunta para afrontar el peaje en sombra de la AG-53, que comunica Alto de Santo Domingo (Dozón) y Ourense. Este órgano determina que la administración autonómica debe asumir un pago anual de 14,37 millones de euros al año para amortizar una inversión acometida con fondos propios, cuando la cantidad consignada este año apenas rebasa los seis.

El expediente del Consello de Contas precisa que la Xunta decidió en 2007 declarar la gratuidad de esta vía y el anuncio del entonces dirigente socialista Emilio Pérez Touriño supuso que la administración gallega tuviese que afrontar el pago de algo más de 718 millones de euros durante medio siglo a la empresa pública Aceousa, luego integrada en la Sociedad Pública de Investimentos (SPI) y que ahora desaparecerán. La Axencia Galega de Estradas es el nuevo ente público que se encargará de gestionar la red viaria. En las conclusiones referidas a los peajes en sombra de las vías de alta capacidad gallegas, la institución constata que en 2010 los pagos previstos en los presupuestos de la Xunta eran de 13,4 millones de euros, "pero en el proyecto de 2011 solo se consignan 6,04, que contrastan, y pueden poner de manifiesto una insuficiencia de crédito, con los ingresos previstos por Aceousa en concepto de peaje, que ascienden a 14,37 millones, cantidad que debería abonar la consellería en caso de cumplirse las previsiones de la sociedad", aduce el Consello de Contas.

Por tanto, la decisión tomada hace cuatro años no solo está impidiendo a la Consellería de Infraestruturas acometer otros proyectos por escasez de liquidez, sino que el peaje en sombra está gravando seriamente la economía del departamento de Agustín Hernández. La amortización de estos más de más de 14 millones de euros al año es más compleja si cabe en tiempos de recortes en la inversión pública por la crisis y la falta de recursos de las administraciones públicas y sería casi impensable si, en vez de que la Xunta se pagase a sí misma, puesto que la autovía es de titularidad autonómica, tuviese que hacerlo con una empresa privada, caso de una concesionaria.

Los poco más de 31 kilómetros de esta vía de alta capacidad tienen un gran impacto sobre la economía de la Xunta y la gratuidad de este tramo contrasta con el prohibitivo precio de la autopista que une Santiago y Dozón. El trayecto de escasos 50 kilómetros entre la capital de Galicia y Lalín para un turismo cuesta 5,30 euros mientras que para los vehículos pesados se dispara hasta un máximo de 10,6, lo que lo convierte en una de las autopistas más caras de España. Mientras se abonan estas disparatadas cantidades, los usuarios siguen demandando un acuerdo entre las administraciones autonómica y central que propicie peajes blandos o el rescate de la concesión, como planteó el PP en varias ocasiones, aunque ahora solo hable de rebajar las tarifas.

Tres millones en la AG-59

Fuentes del gobierno gallego apuntan que los 14,37 millones de euros anuales suponen un esfuerzo notable para las arcas públicas, pero insisten en que esta situación es la "herencia" que recibió el ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo. En todo caso garantizan la solvencia de la administración para hacer frente a esta inversión "puesto que así lo establece la ley de estabilidad financiera, aunque está claro que los cálculos hechos en 2007 por el bipartito no fueron acertados", declara un miembro del gobierno. Además, la Xunta debe abonar tres millones de euros, hasta 2073, por el mantenimiento de la conexión de la AG-59, que une Santiago y A Estrada. El pago anual está establecido en 47.000 euros.