El Concello de Lalín no instalará, de momento, los parquímetros para la zona azul. Las dudas sembradas por PSOE y BNG sobre la necesidad y la eficacia de este sistema convencieron al alcalde, José Crespo, de aplazar el asunto hasta consultar a los comerciantes de las calles afectadas. De este modo, tanto la instalación de las máquinas como la ampliación de la zona azul han quedado pendientes para su debate en el próximo pleno. Pletórico por el éxito de la última Feira do Cocido, el regidor se mostró condescendiente con sus rivales e incluso levantó el “castigo” que había impuesto al PSOE.

Entretanto, el ayuntamiento convocará una reunión con los comerciantes de las calles con zona azul -la tienen Principal, Joaquín Loriga, Pintor Laxeiro, Calvo Garra, D y González Taboada y se pretende ampliar a Pintor Colmeiro y Alcalde Ferreiro- y a la empresa local Gerlo, como fabricante de máquinas expendedoras. Harto de recibir quejas de usuarios, sobre todo foráneos, que no saben donde conseguir discos, el gobierno había optado por instalar seis parquímetros. Los usuarios tienen que introducir su matrícula y la máquina les devuelve un tique con la hora de llegada y la prevista de salida. Su compra e instalación, incluída nueva señalización, supone un gasto de 38.030 euros.

Pero la oposición cree que hay demasiadas dudas para efectuar tal desembolso y que bastaría con realizar una campaña en colaboración con el comercio. “El problema se soluciona implicando a los comerciantes en la distribución de los discos” de estacionamiento, señaló el portavoz del BNG, Xesús Cordeiro, que recordó la necesidad de elaborar “un plan de tráfico en condiciones”. Los discos son gratuitos, pero a menudo están agotados o las tiendas los prestan, no los regalan. Así que no se descarta venderlos a un módico precio -en torno a 1 euro- para cubrir los costes y garantizar que siempre haya existencias.

El pleno de ayer se había pospuesto -debería haberse celebrado el último jueves de febrero, como todos los meses- para poder completar la documentación del expediente de adjudicación de la rehabilitación del Pazo de Liñares en el plazo exigido por el Ministerio de Fomento, que aporta 2,4 millones de euros. Las obras fueron adjudicadas ayer por unanimidad a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Taboada y Ramos y Antalsis por un importe de 2,94 millones. Pero la corporación acordó solicitar un mes y medio de plazo para remitir toda la documentación exigida por Fomento, ya que incluye la firma del contrato y el acta de replanteo, trámites que se prolongarán aún cerca de un mes.

PPC y facturas de Fenosa

Apenas hubo debate a la hora de aprobar una modificación de crédito por 47.871 euros como aportación municipal al Plan Provincial de Cooperación, cofinanciado a partes iguales con Diputación y Estado. Y se dio trámite a un reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar facturas del año pasado que Fenosa remitió tarde.

Seguridad vial en Botos

En un pleno marcado por las concesiones del gobierno, este aceptó incluso modificar una moción propia. En ella pedía a la Xunta la construcción de aceras en la PO-534 (Lalín-Folgoso) en el tramo que va desde la gasolinera de Botos hasta la rotonda de la estación. Crespo desveló peticiones de vecinos de Reguengo para habilitar un camino seguro, al menos en un margen del vial. La oposición apostó por sendas peatonales u otras soluciones que aporten seguridad más acordes con el medio ambiente. Al final, se pactó solicitar a la Xunta un proyecto de seguridad vial para la zona.

Tras varios meses de vacío al PSOE, ayer el gobierno sí aceptó debatir sus mociones, relativas al Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Fue por obra y gracia de José Crespo, que quiso premiar así el comportamiento “leal” de Manuel González Aller al haber arropado con su presencia y la de otros miembros de su grupo la Encomenda do Cocido del pasado domingo. El castigo había tenido su origen, precisamente, en el reparto de folletos críticos con la acción del gobierno local que había hecho el PSOE durante la Feira do Cocido de 2010, si bien se había agravado con acusaciones de “amaño” del concurso de la basura en favor de Sufi -anterior adjudicataria-, cuando la concesión, a la postre, fue para otra empresa.

Tal fue la magnanimidad de Crespo que autorizó incluso la comparecencia de la concejala Paz Pérez para que explicase la situación del copago del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La edil hizo una detallada exposición de la situación del servicio, que tiene 151 usuarios: 55 lo reciben de forma gratuita, 94 pagan el 15% (1,62 euros por hora) y 2, el 20% (2,16). El propio alcalde la piropeó como “campeona” por haber logrado un “atisbo de solución en el conflicto” de Galaurea, la empresa que presta el servicio. Hasta obtuvo el elogio del BNG: “Hay preocupación social, pero es un servicio que funciona bien”. “¡Manolo, chúpate esa!”, le espetó entonces un exultante Crespo al líder socialista. Pero ni el alcalde ni la concejala negaron los datos aportados por el PSOE, de los que se deduce que el SAF tiene superávit: El servicio cuesta alrededor de 360.000 euros al año; puesto que la Xunta aporta 352.000, sería suficiente cobrar a los usuarios los 9.000 restantes, pero en realidad se les exigen 54.000, por lo que queda un remanente de 46.000 euros. Así las cosas, Aller pide que el copago de los más necesitados -con ingresos equivalentes al 100% del IPREM, es decir, 534 euros al mes- se rebaje del 15% al 10%, como estaba antes. Y solicita que, al menos, el superávit se reinvierta en el propio servicio. La moción fue rechazada por la mayoría popular.