Los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal de la oficina del Inem de Lalín rechazan el traslado a la nueva sucursal, situada en la Avenida de Bos Aires y cuyo acondicionamiento está rematado, por la mala distribución de este local y por la discriminación que sufren con respecto a los funcionarios del servicio autonómico.
Este nuevo conflicto laboral, que surgió hace semanas cuando se conoció el reparto de espacios durante las obras, fue recuperado ayer por el BNG, que reveló que la situación es grave por cuanto algunos funcionarios han decidido no trasladarse, lo que supondría un perjuicio para los ciudadanos al tener que desplazarse a dos oficinas distintas para realizar sus gestiones.
Los nacionalistas lamentaron el "trato desigual" que sufren los trabajadores según la administración para la que trabajen y advirtieron de la existencia de un problema que puede tener importantes consecuencias.
El BNG, haciéndose eco de las quejas de los empleados, reveló que la superficie del nuevo local, al que se aspira a trasladar el servicio en próximas fechas, es de 312 m2. Eso sí, los siete empleados del Servizo Galego de Colocación disponen de un centenar de metros, lo que supone una media de 14 m2 para cada uno, mientras que los seis estatales cuenta con 50 metros y una media de 8 m2.
El portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, también apuntó que el servicio de cada administración tendrá entradas diferentes, lo que obliga a los usuarios a salir de la oficina y volver a guardar cola cuando tenga que hacer gestiones combinadas.
Además, apuntó que el espacio propuesto para la zona de espera está excesivamente cerca de las mesas de atención, lo que conlleva una "falta de intimidade" para los desempleados que están siendo atendidos y que en ocasiones tienen que comentar detalles privados y delicados, como malos tratos, estancias en prisión o modificaciones del estado civil. Finalmente, comentó que los espacios comunes se ubican exclusivamente en el servicio estatal
Ante estas deficiencias, el BNG recordó que la CIG ya presentó un escrito ante Traballo el pasado mes de diciembre en el que exponía estos problemas y pedía soluciones, pero no recibió ninguna contestación. Hace un par de semanas los trabajadores también enviaron misivas a las administraciones central y gallega asegurando que no se van a trasladar mientras no se acometan los cambios y se respeten las normas de prevención de riesgos, pero tampoco disponen de una respuesta.
