04 de marzo de 2010
04.03.2010

La alegación de la familia Carral solicita el derribo completo del parking Europa

Vilariño examina las tres reclamaciones y se queja de la vigilancia de funcionarios ordenada por el gobierno

04.03.2010 | 07:30

La alegación presentada por la familia Carral, demandante en el caso del parking Europa, a la licencia de actividad y expediente de legalización del aparcamiento exige el derribo completo del complejo en base a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), según reveló ayer el portavoz del BNG, Francisco Vilariño, tras examinar la documentación.
Según el nacionalista, esta reclamación "condiciona todo o proceso", ya que es muy parecida a la que la familia presentó también ante el juzgado para rebatir este mismo proyecto de legalización. En concreto, el escrito señala que aunque el juzgado contencioso sólo ordena el derribo del exceso edificatorio, el TSXG ordena la demolición de todas las obras autorizadas, que es lo que reclaman los afectados. Además, la familia Carral también apunta que el proyecto de legalización no cumple con la sentencia ya que mantiene la vinculación de los distintos aparcamientos, tiene anomalías incumple la vía perimetral y el espacio libre y carece de estudio acústico. Según su opinión, sólo cumple con la concha acústica al suprimirla.
Vilariño indicó que las otras dos alegaciones se refieren a la solicitud de un vecino para que se tomen medidas protectoras ante la aparición de grietas en inmuebles anexos y otra procede de una comunidad de propietarios próxima.
El portavoz nacionalista cree que el ejecutivo local debe actuar de modo responsable en la próxima junta de gobierno cuando analice estas alegaciones, pero está convencido de que las desestimará y proseguirá con el trámite de la licencia de actividad. En todo caso, y tras criticar esta actitud del ejecutivo, anunció la presentación de una iniciativa plenaria tras analizar con calma la documentación.
Respecto a la consulta de las alegaciones, que fue autorizada por un decreto de la Alcaldía, Vilariño acusó al gobierno local de ocultar documentación sobre el proceso antes que intentar resolverlo y mostró su malestar por el hecho de estar vigilado por funcionarios durante toda la mañana mientras examinaba el expediente. "A dinámica antidemocrática do PP o leva a tratar á oposición como se foran delincuentes coa vixianza de dous funcionarios que se turnaban e que de seguro non teñen por traballo exercer de policías do goberno", manifestó.
Finalmente, recordó la gravedad de un asunto que costará 600.000 euros a las arcas locales si el juzgado da el visto bueno al proyecto de legalización y unos 9 millones de euros si se exige el derribo completo del parking.

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