El Concello de Silleda iniciará de inmediato los procedimientos necesarios para la contratación de tres personas con cargo a los fondos municipales para ampliar el servicio de ayuda en el hogar. La medida permitirá ofrecer la atención a la que tienen derecho los dependientes del municipio, tal como indicó ayer la concejala de Servicios Sociales y Bienestar, Dolores García. En Trasdeza hay trece personas con diferentes grados de dependencia reconocidos: Cinco con derecho a atención de 40 horas mensuales; otras cinco con 55 horas; dos con derecho a 70 horas; y una con 90 horas, lo que la sitúa como gran dependiente.

El reglamento que rige este servicio está establecido desde enero del presente año, pero no ha podido ser aprobado hasta la fecha, así como tampoco la ordenanza reguladora del precio público por su prestación. Ante tal situación, el concello se ve "na obriga" de tener que ofrecer el servicio tomando como referencia los costes establecidos en la ordenanza de 1998, ya derogada, en la que se fijaba en 700 pesetas (4,20 euros) el coste por hora. Esta atípica situación viene motivada por el voto en contra del grupo municipal del Partido Popular y los dos concejales no adscritos en las dos últimas sesiones plenarias, lo que no permitió aprobar ni el reglamento ni la ordenanza que regula el precio público por la prestación del servicio. El informe de intervención cuantificaba el importe óptimo en 11 euros/hora, muy similar al establecido en Lalín, que adjudicó el servicio en algo más de 10 euros/hora, y en línea con las recomendaciones de la Xunta de Galicia, que también aconseja la externalización del servicio, teniendo en cuenta el coste real que tiene que asumir el concello. Precisamente, la contratación de una empresa privada fue el argumento dado por los no adscritos (Javier Cuiña y Ofelia Rey) para denegar su apoyo a la propuesta del gobierno.

"Recibimos comunicacións de veciños que demandan a ampliación deste servizo, ao que teñen dereito, polo que non a podemos demorar máis", señala García. Su departamento ha solicitado ya el preceptivo informe de intervención para garantizar la existencia de una partida para afrontar el servicio, puesto que las arcas municipales deberán asumir la diferencia entre el coste real y el copago derivado de los ingresos de los usuarios, que en ningún caso será suficiente para sufragarlo en su totalidad. "Non podemos permitir que unha cuestión política manteña palizado o servizo", concluye.