El alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias, ha pospuesto la visita que tenía previsto realizar hoy a Madrid para interesarse por el desarrollo de la tramitación del expediente del Pazo de Liñares. El regidor quiere saber exactamente cuál será la contribución que tendría que hacer el concello a su financiación, debido a que es necesario contar con un documento específico de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, ya que el informe remitido por ésta no sirve por ser de carácter genérico.

El concejal de Urbanismo, Román Rodríguez, trabaja para agilizar al máximo las gestiones de cara a obtener cuanto antes un informe concreto que permita completar el expediente y optar, así, a las ayudas del 1% cultural. En este sentido, el edil y el redactor del proyecto, Javier Bugallo, mantendrán mañana una reunión técnica con los arquitectos de Patrimonio para perfilar todas las cuestiones en las que pueda haber dudas con el fin de que se emita el correspondiente informe.

Precisamente, la junta de gobierno autorizó un abono de 34.336 euros por la mitad del proyecto a Bugallo y otro por la misma cantidad a José María Rubio Moreno.

Desde la alcaldía se confía en que el expediente llegue a tiempo para la próxima reunión de la comisión mixta -formada por los ministerios de Fomento y Cultura-, ya que la prevista para abril se ha retrasado por los cambios en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La inversión ha sido solicitada como compensación por las obras del TAV (Tren de Alta Velocidad).

Por su parte, el PSOE de Lalín confía en que el alcalde “non deixe escapar o investimento” para el pazo, que fue comprado por casi 700.000 euros en 2002 y llevaba casi siete años en estado de abandono. El portavoz socialista, Manuel González Aller, que apoyó la restauración del inmueble, señala que Crespo ya sabía desde un principio que tendría que cofinanciar la actuación; de hecho, la orden ministerial en este sentido es muy clara: la inversión de Fomento no puede superar en ningún caso el 75% del total. El PSOE considera que otras instituciones, como la Consellería de Cultura o la Diputación, deberían implicarse.