09 de abril de 2009
09.04.2009

El fiscal pide el archivo de la prevaricación contra la alcaldesa por Travesa do Campo

El ministerio cree que no hay indicios de delito y no exige ni la comparecencia de Pena para declarar

09.04.2009 | 02:00

El Ministerio Fiscal ha solicitado el archivo de la denuncia penal por presunta prevaricación presentada por la constructora Nova Carballeira contra la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, a raíz del decreto del 19 de julio de 2007 en el que orden la paralización de las obras del proyecto de urbanización de Travesa do Campo, que incluye dos edificios y la apertura de una calle.

El ministerio estima que no existen indicios de delito y que no es necesario seguir con las diligencias. De hecho, no solicita siquiera la comparecencia para declarar de la regidora. Ahora, el futuro de la causa está en manos de los tribunales, aunque Pena se mostró ayer muy satisfecha por la decisión, ya que da prácticamente por cerrado el caso, ya que es improbable que la denuncia se admita a trámite cuando la Fiscalía reclama su sobreseimiento.

"É unha nova ratificación de que o que se fixo foi correcto", apostilló la alcaldesa silledense, que considera "surrealista" que ella fuera la única encausada cuando el anterior ejecutivo, presidido por el popular José Fernández Viéitez, fue el que concedió las licencias con los informes técnicos negativos e incluso, en el caso del segundo edificio, estando en funciones.

Pena recordó que el PP aprobó el estudio de detalle y concedió la autorización de la apertura de la calle y de las obras de los dos edificios. Ella aseguró que, cuando llegó al poder, cumplió con su obligación de revisar las licencias para evitar ilegalidades y señaló que, en caso de que las obras hubiesen continuado, "hoxe estaríamos pendientes dunha posible demolición".

Además, apuntó otra irregularidad cometida por el ejecutivo de Viéitez, "que sabía que era falso que Nova Carballeira fose o único propietario e aínda así conceder a licenza".

Pena recordó que la paralización de esta urbanización, que ella tomó y que fue ratificada por la junta de gobierno local, se basó en tres aspectos: el informe del arquitecto municipal que decía que había diferencias en las alineaciones entre el proyecto y el Plan Xeral, el recurso de reposición presentado por la vecina Julia Carballo y los dos contenciosos de esta residente y de Sira Fontao contra el estudio de detalle.

La alcaldesa arremetió contra la promotora, a la que acusó de que sólo "quería edificar, vender e desaparecer" y de iniciar una campaña de "descrédito e presión" contra su persona. En este sentido, señaló que la constructora formuló una serie de denuncias contras obras en el ayuntamiento trasdezano con el único propósito de "crear malestar noutras promotoras e de sementar na opinión pública de que dende o goberno se estaba rebentando o sector".

Por último, admitió que está deseando que este conflicto llegue a su fin, aunque se resigna a que "vai para longo" al estar inmerso en la vía judicial.

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