La junta de gobierno local de Lalín acordó iniciar tres nuevos expedientes sancionadores a la empresa UTE Lalín, concesionaria del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza urbana, por faltas leves en lo que respecta al adecentamiento viario del parque del río Pontiñas, de los núcleos urbanos de varias parroquias y de los polígonos industriales de Botos y Lalín 2000. Las multas impuestas no totalizan ni 1.100 euros, pero forman parte de la batería de sanciones que, a modo de ultimátum, el ejecutivo pretende utilizar para romper la concesión si Sufi no cambia de actitud y cumple con la oferta por la que se llevó el concurso hace siete años -entonces en sociedad con Celta Prix-. De hecho, en el pleno del pasado 25 de noviembre se aprobaron otros dos expedientes por importe de casi 11.000 euros.

La última decisión fue adoptada a raíz del informe realizado por los técnicos municipales en el que se hace constar que la empresa concesionaria "está reiteradamente incumprindo o prego de cláusulas e condicións técnicas que rexen a concesión administrativa". Según este informe de inspección, que se acompaña de varias fotografías acreditativas, "obsérvase claramente que existe deixadez de funcións que derivan nun estado de abandono destas zonas". "Resulta claramente observable que o servizo non se está prestando de xeito correcto e coa frecuencia que debera -constata el documento-, argumento que leva a concluir que se están a incumprir as frecuencias mínimas sinaladas no prego e, consecuentemente, as melloras nas mesmas incluídas na oferta variante".

Estos hechos podrían constituir una infracción leve de las tipificadas en el pliego de cláusulas del contrato de la basura, puesto que suponen una "mera interrupción ou imperfección" en la prestación de alguno de los servicios contemplados. Por este motivo, el órgano gubernamental acordó incoar tres expedientes sancionadores a la empresa en relación con la limpieza del parque del Pontiñas, los polígonos de Botos y Lalín 200 y los núcleos urbanos de varias parroquias.

La sanción impuesta por cada uno de estos incumplimientos asciende a 366,02 euros, aunque son independientes y no suponen renuncia alguna a exigir la resolución del contrato, con daños y perjuicios, en caso de incumplimiento. Una vez comunicada la resolución a la firma adjudicataria, ésta dispondrá de un plazo de audiencia de quince días hábiles para que formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que considere convenientes.

Estos tres nuevos expedientes sancionadores por infracciones leves incoados por la junta de gobierno local se suman a otros dos de carácter muy grave aprobados por el pleno de la corporación municipal. Estos últimos se refieren al incumplimiento del número y cualificación del personal adscrito a la prestación de la gestión del servicio, no facilitar al ayuntamiento el sistema informático para la planificación operativa y control del personal y la adscripción al al servicio de un oficial mecánico al frente de la sección del mantenimiento, así como por no tener instalada la cantidad de papeleras a que le compromete la concesión administrativa que firmó en su día.