Silvia Pampín / A ESTRADA

El líder de Cidadáns de Galicia (Cidega), José Manuel Reboredo, salió ayer al paso de las declaraciones realizadas por la edil de Urbanismo, Irene Aguiar Lale, a propósito del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y la reciente junta de portavoces anticipando que estará "vigilante" para observar "con minuciosidad todos los pagos del PXOM" y los que se realicen a Adiu S.L. para evitar que el actual equipo redactor pueda ser indemnizado por la rescisión del contrato.

Reboredo indica que ya le extrañó que en los presupuestos de 2008 se contemplase una indemnización de 84.000 euros relativa al PXOM. Esto le lleva a considerar que el ejecutivo local "ya tenía prevista la estrategia" para rescindir el contrato con Adiu. Según el actual líder de Cidega y ex edil de Urbanismo, la única cifra pendiente de abonar a Adiu -al margen del Plan Xeral- son los 18.000 euros correspondientes a la delimitación de núcleos rurales iniciada al final de su etapa como edi de Urbanismo.

Entiende que los 84.000 euros previstos por la fase de aprobación definitiva del PXOM no deben abonársele porque ya se está al corriente del pago y no procede hacer pago alguno por una parte no resuelta. Reboredo recuerda que el primer contrato que se rubricó con Adiu era acorde con la ley de 1997 y que, cuando él asumió la cartera de Urbanismo en 2003, el equipo redactor le comunicó que las exigencias de elaboración del PXOM de acuerdo con la Lei do Solo de 2002 requería de más documentación, por lo que acometió una revisión y una ampliación del contrato inicial para adaptarlo a la legislación vigente sin merma económica para el equipo redactor.

Acusa al gobierno local de "mentir" desde que inició el proceso de aprobación del Plan Xeral. En primer lugar, destacó que mintió en los plazos, al indicar que lo aprobaría primero en 6 meses, después en un año, acto seguido al decir el alcalde que estaría listo antes de las elecciones autonómicas y ahora al afirmar que la contratación del nuevo equipo redactor se realizará antes de 6 meses. En segundo lugar, Reboredo warima que el ejecutivo local miente "con la información de la junta de portavoces" y afirma que la que se transmitió a la oposición fue "clara y concisa": se rescindiría el contrato con Adiu para cobrar toda la subvención de Política Territorial pero se haría de mutuo acuerdo con Adiu, abonándole los 84.000 euros. Cree que fue a raíz de que Cidega dijese "que era un disparate" cuando la edil de Urbanismo supo "que metió la pata hasta las orejas" y buscó "una media salida" como hablar de la posible subcontratación de Adiu por otra empresa. Reboredo afirma que el anterior PXOM era "legal" como "confirman todos los informes sectoriales y municipales" y afirma que, si al dudarlo, Aguiar "se refiere a que llevamos al límite" áreas de expansión de ciertos núcleos, sólo tiene que decir que "queríamos hacer un documento ambicioso". Por eso, ve "grotesco" que los criterios que la Xunta quiere aplicar a los PXOM sean de "restricción máxima, comparable con la expropiación de los derechos de los ciudadanos" -aunque sea "legal"- y critica que el gobierno local "quiera hacerlo y no pelear con su gobierno amigo". Le pide que "no engañe a los vecinos" y que diga con claridad lo difícil que será recalificar terrenos.