Pocas horas después de conocerse la sentencia que anula la condena al alcalde de Dozón, Adolfo Campos, a nueve años de inhabilitación por prevaricar, los bares, paradas de autobuses e incluso contenedores lucían un bando municipal en el que el regidor anunciaba que el fallo de la Audiencia Provincial "anula la sentencia del Juzgado de lo Penal y se mantiene firme en cuanto a la absolución por todas las demás acusaciones que se habían formulado contra el Alcalde". Sin embargo, el primer edil omite que la sentencia judicial apunta que la causa será de nuevo remitida al Jugado de lo Penal Número 3 de Pontevedra, "para elaborar nueva sentencia que razone pormenorizadamente los hechos que pudiera constituir la prevaricación". Por ello, en ningún caso se ha cerrado el litigio abierto con la funcionaria Ana Lois Navaza por presunto acoso laboral, sino que la causa "será revisada de novo pola xuíza que dictou a inhabilitación por nove anos, sen que se celebre un novo xuízo", apuntaba ayer la afectada, quien corregía los panfletos del alcalde afirmando que "Campos nin está absolto nin será absolto" en un caso que lleva en los tribunales nueve años y que acumula, sin ésta, 33 sentencias en salas de lo social y de lo contencioso-administrativo.
Pese a que el caso sigue abierto, desde la oposición política se admite que la admisión del recurso de Campos contra su inhabilitación política supone un varapalo, "porque a única maneira de que cese na Alcaldía é mediante a xustiza", explica el edil nacionalista, Ismael Ledo. El BNG, que el año pasado había presentado una denuncia por la inclusión en el censo de 50 personas que no tienen ningún vínculo con Dozón, apunta que "estas sentenzas xeran moita desconfianza entre a xente", y recuerda que desde la fiscalía se restó importancia a las ilegalidades electorales de Dozón.
