Los representantes de Proinsa propusieron ayer a los sindicatos un expediente de regulación de empleo para la constructora lalinense, que está inmersa en un proceso concursal de acreedores, con la intención de rebajar los cerca de 6 millones de euros que ésta deberá destinar a las indemnizaciones de sus empleados. La petición fue rechazada por los representantes de los trabajadores en el transcurso de la reunión mantenida en la sede pontevedresa de la Asociación de la Mediana y Pequeña Empresa (Aempe). Tanto UGT como Comisións Obreiras y CIG consideran la solicitud "inoportuna e prexudicial" para los trabajadores que, una vez recibidas sus cartas de despido, han rescindido su relación laboral con la empresa asentada en Bergazos (Donsión).

Ramiro Lorenzo y María González Posada actuaron en nombre de Proinsa haciendo entrega de la documentación económica en formato digital que se ha presentado en el proceso concursal. Además, los dos asesores de la empresa afirmaron que su representado cuenta con un pre-contrato de un comprador para las tres firmas del grupo (Proinsa, Seixo e Inyeuropa) cuyo nombre no fue desvelado, pero que según fuentes sindicales podría tratarse de uno de los acreedores.

Miles de páginas

El informe entregado a los representantes de los trabajadores supone varios millares de páginas que los departamentos jurídicos de los sindicatos intentarán analizar en los próximos días. No obstante, las tres centrales coinciden en mantener sus reivindicaciones hasta el final del proceso. Para José Carlos Del Río, de la UGT, "el expediente de regulación de empleo era el procedimiento que se debió haber seguido desde un primer momento, y no ahora que estamos en pleno proceso concursal", y se mostraba escéptico sobre la posibilidad de avanzar en un acuerdo laboral "sin saber cuál sería la actividad a la que pretende dedicar la empresa el supuesto comprador, y con cuántos trabajadores". Para Del Río, la principal dificultad con la que se encuentra la propuesta de Proinsa estriba en que "los jueces de lo Social deberán inhibirse en favor del de lo Mercantil, que es el que ejecuta la sentencia".

Por su parte, Xaquín Agulla, de la CIG, está convencido de que Proinsa "non ten capacidade ningunha de manobra sen a aprobación do xuíz", mientras que Juan Fajardo, de Comisións Obreiras, piensa que la empresa dezana "debería determinar de una vez por todas el nombre del comprador y, sobre todo, sus verdaderas condiciones de compra".

De todas formas, en el caso de que todas las partes en conflicto llegasen a un acuerdo, la UGT piensa que la firma del mismo se debería firmar en la sede de la Dirección Xeral de Relacións Laborais, cuya titular Pilar Cancela "se interesó desde el principio en el asunto", afirma Del Río.