La Asociación de Afectados del Grupo Proinsa, que ayer quedó constituida, ha echado sus propios cálculos de la situación económica de la constructora lalinense, que tendría una deuda de unos 25 millones de euros. Así, estiman activos por valor 11 millones y un pasivo de 36 millones, que se desglosaría en 12 millones a las entidades financieras, 22,2 a acreedores y los 1,8 restantes a personal y la agencia tributaria. No obstante, estiman que esta deuda podría incrementarse, ya que sospechan que hay más empresas proveedoras afectadas por esta crisis.
Por lo demás, en el encuentro de ayer, el líder de este grupo y ex presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), José Ramón González, tildó de "dramática como nunca" la situación de la banca con respecto al empresariado de la comarca y criticó que se penalice aún más a los afectados por la crisis de Proinsa. Por ello, hizo un llamamiento a las instituciones financieras para que reconsideren su actitud de negar de manera sistemático cualquier crédito. Además, calificó de "insulto" que alardeen de sus beneficios.
González también tuvo palabras duras para la Consellería de Economía y el Gobierno central y para las confederaciones empresariales española, gallega y provinciales. "Non están facendo nada e non chaman as cousas polo seu nome", criticó, antes de mostrarse incluso a tener un debate con cualquiera sobre la actual crisis "porque os empresarios xa estamos moi cansados de tanta demagoxia".
La salvación de los avales
Por lo demás, el encuentro de ayer fue relativamente satisfactoria, ya que tanto el Igape, en la persona de Pedro Caldas, como la avalista Sogarpo, con Jorge Sales y Juan Da Silva, se mostraron dispuestos a conceder avales, de hasta 300.000 euros para que las empresas afectadas por la crisis de Proinsa puedan salir a flote.
En la actualidad, el colectivo de afectados está conformado por 37 empresas que suman deudas por 6,7 millones de euros, aunque se pretende sumar a las que tienen pendientes de cobro los 15,5 millones más que se deben a proveedores. De hecho, la asociación capitaneada por González confirma en aglutinar a entre el 80 y el 90% de los afectados a corto plazo.
Además, el colectivo está convencido de que con la concesión de avales se podrá garantizar la continuidad, al menos de momento, de la práctica totalidad de las firmas afectadas, que tampoco niegan que sus actuales dificultades se ven acrecentadas por la actual coyuntura económica, que afecta especialmente al sector de la construcción. Además, ven con preocupación el futuro, ya que no conciben una salida fácil a esta crisis.
"Polo momento ningún está na UVI, pero se esto se prolonga podemos entrar nela. A maiores de Proinsa todos temos débedas doutras empresas da construcción de olemos outras que tarde ou temprano van a vir", concluyó José Ramón González.
