La firma Adegas Condes de Albarei SAU, es decir la empresa que nació para gestionar los bienes de la cooperativa del mismo nombre, se encuentra en un pozo de compleja salida, casi en situación de quiebra técnica no declarada, en virtud del balance correspondiente al ejercicio económico de 2017 que se presentó a los socios para su aprobación.
Dichas cuentas fueron investigadas por el fiscal de delitos económicos quien con su escrito promovió la apertura de diligencias previas por parte del juzgado número 3 de Cambados, el 23 de julio de 2019.
La investigación se inicia a colación de un informe pericial de parte en el que se alerta sobre la enorme deuda -superior a 20 millones de euros- que arrastra la sociedad en los últimos doce años, con una sucesión de datos negativos que obviamente preocupan a la mayor parte de los socios, que llevan años sin obtener ningún dividendo.
La grave situación ha sido aparentemente enmascarada con artimañas de ingeniería financiera que permitirían ocultar la realidad económica de las dos filiales que se deben a la cooperativa, por un trasvase de fondos entre ellas.
El informe que obra en poder de la sala judicial subraya que en la actualidad, la cooperativa adeudaba a los socios alrededor de dieciséis millones de euros, una cifra que duplica la que tenía contraída en 2007, cuando era de unos 7,5 millones de euros.
Desde aquel momento, los socios no pueden reclamar su dinero, pues la empresa optó por hacer frente a la deuda financiera que el propio balance reconoce que se ha reducido muy considerablemente en los últimos años, pasando de 16 millones a menos de la mitad, como se observa en dicho estudio económico.
Esa falta de liquidez podría estar en una gestión discutible por parte de la empresa pues existe constancia incluso de que una gran parte de la producción de uva se ha vendido a granel.
De ahí que el fiscal deduzca la responsabilidad de la presidenta de la cooperativa Dolores Calvo, del gerente Xavier Zas y otras diez personas que formaban parte del Consejo de Administración, además del contable y responsables de la empresa auditora que suscribe el balance de cuentas presentadas en su día.
Y es que Adegas Condes de Albarei SAU, como persona jurídica unipersonal,aunque redujo su pasivo financiero, es decir las deudas con los bancos en el período comprendido entre 2008 y 2017 en casi un 53%, ha incrementado su deuda con la propia cooperativa que es la que tiene que responder ante cada socio con unos 40.000 euros.
El informe pericial incluido en la querella establece precisamente que "en el caso de que la cooperativa reclamase su deuda, referida solo al corto plazo, la SAU (Adegas Condes de Albarei) no tendría fondos para atender a las mismas".
Y añade que si los cooperativistas exigiesen a mayores las que tiene la cooperativa con ellos por la venta de uva y las aportaciones realizadas al capital, la cooperativa no tendría capacidad de devolución..., pues el patrimonio neto de la misma está en números rojos, una situación que todavía se arrastra a día de hoy.
Todos estos datos serán contrastados ahora al librarse oficio a la Xunta de Galicia y al Registro Mercantil de Pontevedra para que remitan las cuentas oficiales depositadas en ellos.
Posteriormente se tomará declaración al menos a los doce imputados en la querella, entre ellos los auditores que suscriben las cuentas de 2017.
