La pandemia de coronavirus ha tenido durísimas consecuencias sobre la actividad económica. Un ejemplo de ello es que los ayuntamientos de O Salnés han rebajado ostensiblemente su deuda con las empresas y autónomos entre abril y junio pasados, pese a haber pagado menos facturas que en el trimestre anterior.
Es un aparente contrasentido, que se explica por el inusitado frenazo económico que se ha producido en primavera, y que ha motivado que los ayuntamientos contratasen menos obras, servicios y materiales que en un periodo normal.
Tanto es así que se estima que el montante de las operaciones económicas entre los concellos de O Salnés y el sector privado se redujo en más de dos millones de euros durante la fase aguda de la pandemia con respecto al mismo periodo de 2019.
En consecuencia, el flujo de dinero y riqueza desde las administraciones locales arousanas al sector privado y la sociedad se ha visto dramáticamente reducido por culpa de la pandemia.
6,4 millones
El informe trimestral de pago a proveedores del Ministerio de Hacienda indica que los municipios de O Salnés tenían a 30 de junio facturas pendientes de abonar por valor de algo menos de 6,4 millones de euros. El dato incluye la deuda de la Mancomunidade do Salnés, pero no la del Concello de A Illa, que no figura en los informes del Ministerio.
La deuda es muy inferior a la que se consignó durante el primer trimestre del ejercicio, pues a 31 de marzo los municipios de O Salnés (excepto A Illa), y la Mancomunidade debían a sus proveedores 7,2 millones de euros.
Sobre el papel, la reducción de la deuda municipal es un aspecto a celebrar. Sin embargo, la satisfacción se ensombrece al analizar los datos, dado que los concellos no deben menos porque pagasen más rápido, sino porque el coronavirus frenó de tal modo la actividad económica que los ayuntamientos inyectaron menos dinero en las empresas y los autónomos locales.
Entre enero y marzo, los municipios arousanos abonaron más de 10,5 millones de euros en facturas, y aún así debían al final del ciclo 7,2 millones. En cambio, entre abril y junio solo pagaron 9 millones de euros en liquidaciones recibidas, y aún así consiguieron rebajar los importes pendientes de pago a 6,4 millones.
En consecuencia, las empresas que trabajan en gran medida con las administraciones municipales han sufrido en primavera una dramática pérdida de liquidez.
La paralización total hasta junio de los procedimientos de contratación de obras públicas, y la supresión prácticamente total de eventos culturales o sociales son dos de los factores que explican el lado amargo de la reducción de la deuda municipal.
El contraste de los datos aún es más significativo si se toma como referencia el segundo trimestre de 2019. En aquel entonces, los ayuntamientos abonaron facturas por valor de 11 millones de euros (sin contar a A Illa y Ribadumia), y a 31 de marzo debían 6.017.000.
En cualquier caso, los autónomos y empresarios de O Salnés pueden estar satisfechos con la celeridad con la que pagan los municipios arousanos. La ley establece que las facturas deben abonarse en un plazo máximo de 30 días desde que entran por registro, y cumplen esta orden Meaño, Valga, O Grove, Vilagarcía y Cambados.
El caso más significativo es el de Meaño, que abona los albaranes en un plazo medio inferior a los dos días. La administración local está tan saneada que a 30 de junio figuraba para el Ministerio de Hacienda con un deuda de cero euros.
El alcalde meañés, Carlos Viéitez, plantea al respecto que el Concello programa un pago mensual de facturas, "para ayudar a los autónomos y empresas a que tengan liquidez, sobre todo en estos momentos tan difíciles".
"La deuda cero se consigue con gestión, eficiencia y austeridad", prosigue Viéitez. "El pronto pago de facturas permite inyectar dinero en la economía local".
Suspenden la regla del gasto
Los ayuntamientos arousanos valoran positivamente la intención del Gobierno central de suspender hasta 2021 la regla del gasto, lo que permitirá a los municipios emplear los superávit de 2018 y 2019, más necesarios que nunca por las urgencias derivadas de la pandemia.
El Gobierno realizó este anuncio tras perder en el Congreso la votación de un decreto que le permitiría gestionar parte de los remanentes municipales.
