En un municipio que vive prácticamente de los recursos marinos, una moción como la que presentaron ayer varios colectivos como Agade, Anfaco, la Federación de Confrarías y las agrupaciones mejilloneras solo podría encontrar un apoyo unánime de la corporación, y eso fue lo que ocurrió. La moción fue leída por el secretario general de Anfaco, la patronal conservera, Juan Vieites, y en ella se pide a los grupos del Congreso y al Gobierno del Estado que modifiquen la redacción del articulo 18 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, garantizando la seguridad jurídica, además de la estabilidad a todos los activos que conforman el sector Mar-Industria.
La propuesta, que ido sumando adhesiones de entidades de mejilloneros y cofradías como las de A Illa, se centra en destacar el daño que puede provocar para la economía de la costa gallega ese artículo 18. Consideran que, además de ser diseñado a espaldas del sector, contiene "un precepto crucial que no solo altera la duración de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para el sector Mar-Industria alimentario, sino que deja abierta la puerta a que el órgano directivo de turno de un Ministerio otorgue o deniegue concesiones y prórrogas con total discrecionalidad, aplicando tábula rasa en toda la costa española sin atender a la historia o a la relación socioeconómica que existe en Galicia".
Ambos factores, duración y seguridad jurídica, son "los puntos vitales de los que depende no solo el futuro crecimiento de nuestra industria, sino también la permanencia misma de las empresas existentes, muchas de las cuales llevan generaciones creando riqueza y empleo estable" en lugares como A Illa de Arousa.
Consideran que "no se pueden poner en riesgo los miles de puestos de trabajo existentes en el dominio público, siendo en gran parte mujeres y, además, estando en unos enclaves en los que difícilmente se cuenta con otra alternativa laboral".
Es por ello que consideran necesario dar tranquilidad y seguridad jurídica a las empresas, sin llevar a cabo una medida de estas características, modificando el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático "sin consenso con los agentes sociales, productivos y empresariales del sector, que pueden verse en un serio riesgo", explicaron.
