20 de agosto de 2020
20.08.2020
Faro de Vigo

El patriarca del poblado de Rubiáns sale absuelto de una operación de la juez De Lara

En los registros al asentamiento se le incautó una pistola - En la intervención policial se halló droga y dinero - El letrado Ramón Montenegro discutió la entrada en las viviendas

20.08.2020 | 02:07
Los penalistas Ramón Montenegro y García Montes (izq.) tras salir de una declaración.

El patriarca del poblado gitano de Rubiáns Carlos Giménez ha sido absuelto de un delito de tenencia ilícita de armas por el que fue acusado durante una macrooperación de narcotráfico que en su día dirigió la juez de Lugo Pilar de Lara tras tener conocimiento de que en este asentamiento vilagarciano se traficaba con drogas.

La actuación se desarrolló a mediados de diciembre de 2013 sobre la base de una investigación a nivel de Galicia que involucraba a varios de los residentes en el poblado arousano, estratégicamente situado, casi oculto, en las inmediaciones del Hospital do Salnés.

Pero a pesar de que en la intervención se incautó una pistola con silenciador, una importante cantidad de drogas, sobre todo cocaína y heroína, además de mucho dinero en efectivo, el caso ha quedado impune por los fallos en las órdenes de registro de las viviendas.

Esta fue la base legal que empleó el prestigioso penalista vilagarciano Ramón Montenegro para conseguir la absolución de su patrocinado y que también afecta a otro procesado Enrique D.J., defendidos en la misma causa.

La sentencia acaba de ser dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra que asumió esta pieza separada de la causa que involucró a Vilagarcia y dirigió hace siete años la entonces superjuez de Lugo Pilar de Lara.

Tras la instrucción el fiscal calificó los hechos como constitutivos de un presunto delito de tenencia ilícita de armas por lo que solicitaba sendas penas de año y medio de prisión a los dos acusados.

Los hechos probados se refieren a que en fecha del 18 de diciembre de 2013 "se efectuó una diligencia de entrada y registro en el domicilio de Enrique Díez en el lugar de San Simón-Baión con base en el Auto del día 13 dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo cuyo fundamento son intervenciones telefónicas y vigilancia y seguimiento, sin que consten en las actuaciones ni el Auto de intervención telefónica, ni de las prórrogas en su caso, ni los oficios policiales de solicitud de intervención, ni los atestados policiales".

En estos argumentos basó el letrado Montenegro la petición de nulidad de la intervención, alegando a su vez la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio a la vez que invocó el derecho al secreto de las comunicaciones.

En suma, lo que solicitaron los letrados, fue la nulidad de todas las actuaciones y la instrucción llevada a cabo, a lo que sumaron también la ruptura de la cadena de custodia "tanto con respecto al arma como a las pruebas de ADN", pues entienden que se adulteró la fiabilidad de dichas pruebas.

Y el juez que dictó sentencia optó por considerar nulo el primer argumento, es decir, el Auto de entrada y registro, de tal modo que la localización del arma, de las drogas y el dinero no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley.

Se ampara la juez en varias sentencias del Supremo como la que establece que "el hallazgo de efectos que se refieren a conductas delictivas distintas quedan desamparados de la autorización judicial que cubre la intromisión en la esfera privada que entraña un domicilio". Y, en este sentido, añade que lo que daría validez al hallazgo casual -de la pistola- "sería la propia validez de la autorización judicial que habilita el registro domiciliario", pues en ese caso, "lo que pudiera hallarse como resultado de la misma tendría pleno valor probatorio", pero se dio el caso de que el registro estaba viciado y fue declarado nulo.

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