"Solo en mascarillas, nosotros nos hemos gastado tranquilamente más de 30.000 euros". Son palabras del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán (PP), que ilustran a la perfección la vorágine de gastos inesperados que los ayuntamientos tuvieron que afrontar desde mediados de marzo. Pero hay otros gastos extraordinarios que todavía están por llegar. Xurxo Charlín, concejal de Facenda de Cambados (Somos), sostiene que, "si obligan a los ayuntamientos a limpiar tres veces al día los colegios a partir de septiembre, lógicamente el coste se triplicará".
La pandemia de coronavirus ha reavivado con inusitada fuerza la vieja aspiración del municipalismo de que se derogue la "ley Montoro", compuesta por un manojo de artículos que son un auténtico corsé para los gestores municipales, y que fue concebida para contener el déficit público en una época de vacas flacas, como la que siguió a la recesión de 2008. Los alcaldes consideran que ahora más que nunca es imprescindible que los ayuntamientos tengan, "total libertad" para gestionar sus ahorros en beneficio de los vecinos, según el alcalde de A Illa, Carlos Iglesias (PSOE).
El BNG también ha mostrado a nivel gallego su apoyo a las demandas de los concellos de poder disponer de sus remanentes sin la permanente vigilancia de Hacienda. Asimismo, los nacionalistas están en contra del plan que el Gobierno ha trasladado a la Federación Española de Municipios (FEMP), para que los concellos transfieran sus ahorros al Estado, quien a su vez se los iría devolviendo a los municipios en varias anualidades de aquí a diez años. Los políticos arousanos consultados ayer por FARO, representantes de otros tres partidos políticos, también están en contra de esa propuesta de tutelaje.
Carlos Iglesias
El alcalde de A Illa reclama "total libertad" para que los ayuntamientos destinen el dinero ahorrado a las necesidades de los vecinos, y aseveró que, "el déficit en España no está en los concellos, sino en las comunidades autónomas".
Para Iglesias, "la ley Montoro debe desaparecer", y sobre la medida de que los concellos presten su superávit al Estado antes de que este lo retransfiera a las administraciones locales, afirma que, "no me gusta esa medida. No la veo lógica".
Además, Iglesias está muy preocupado por lo que espera a los concellos a la vuelta de la esquina, y avanza que, "la Xunta de Galicia tendrá que implicarse mucho más en todo lo que exija ampliar contratos y servicios, porque los ayuntamientos no seremos capaces de cubrir eso por nosotros solos".
En concreto, menciona la posibilidad de que los concellos tengan que triplicar la limpieza de los centros escolares, con el consiguiente aumento del coste por tres, "mientras que por ley las modificaciones de contratos solo se pueden hacer hasta un 20 por ciento de la adjudicación".
A Illa cerró el ejercicio de 2019 con un superávit de 200.000 euros.
Gonzalo Durán
El alcalde de Vilanova también entona un discurso en clave municipalista, "porque de los concellos no se acuerda nadie, nunca". También aboga por liberar el uso del superávit, que ahora mismo solo se puede emplear para pagar deuda y para un puñado de inversiones consideradas "sostenibles".
"Los gastos que asumamos de aquí en adelante serán todos los necesarios, dentro de la sensatez, lógicamente. Porque puede que no haya fiestas ni verbenas, pero para Sanidad no puede faltar dinero, nos lo dé Madrid o lo saquemos de otra parte", prosigue.
En cualquier caso, Gonzalo Durán cree que hay toda una serie de facturas que han pagado los ayuntamientos, y que el Estado debería correr con ellas. "No podemos olvidar que durante la pandemia estuvimos pagando un 21 por ciento de IVA por cada lote de mascarillas que repartíamos entre los vecinos".
El vilanovés también está en contra de que sea Madrid quien gestione los ahorros de los municipios (tilda la propuesta de "incautación"), y también se pregunta, "¿por qué el Estado no se queda con el superávit de las comunidades autónomas y sí con el de los concellos?".
No se trata de cantidades nimias. Por citar un ejemplo, Vilagarcía obtuvo en 2018 un superávit de dos millones de euros.
Xurxo Charlín
El concejal de Facenda de Cambados es igualmente claro. "Los concellos deben poder usar sus remanentes libremente". "No tiene sentido dejar sin gastar cientos de miles de euros por cumplir la regla de gasto si el Ayuntamiento es solvente", añade.
Charlín apela a todas las responsabilidades que están asumiendo las administraciones municipales, como bonificaciones a las empresas, ayudas directas a los autónomos o compra de material sanitario, sin una contrapartida económica clara, de ahí que también defienda una mayor autonomía de los gestores municipales.
"Los concellos estamos siendo los que más tenemos que apretarnos el cinturón, pese a que nos vemos obligados a asumir competencias de otras administraciones", prosigue.
Charlín sí está de acuerdo con que el Estado vigile el destino de los superávit para evitar desmanes, de modo que ese dinero vaya sobre todo para asistencia social y gastos del Covid-19. Incluso acepta que haya un control más férreo sobre quienes, "estén en una mala situación económica".
"Pero si el Concello está bien económicamente, no tiene sentido que el Estado imponga restricciones a la hora de destinar dinero a ayudar a los vecinos".
