El sector mar-industria estaba preocupado porque el Estado central trataba de limitar el periodo de las concesiones administrativas de sus empresas a través del borrador del Reglamento General de la Ley de Costas. Una vez frenada aquella idea, precisamente a causa de la presión ejercida por los afectados, la amenaza se ve ahora reactivada. Esta vez porque el Gobierno de España intenta de nuevo limitar el tiempo de actividad de empresas como depuradoras, cocederos y conserveras, ahora a través de la Ley de Cambio Climático. Es por ello que los afectados siguen mostrando su firme rechazo y recabando apoyos. Los han conseguido, por ejemplo, en las filas del PP, que reclamará al Ejecutivo que elimine los puntos de la Ley de Cambio Climático que ponen en duda los plazos de las concesiones y su renovación cuando están en dominio público.

Diputados y senadores del PP se comprometieron a ello en una reunión telemática con representantes de Anfaco-Cecopesca, Apromar, Agade, Femex, cofradías y depuradoras de moluscos. Tras ese encuentro, el diputado nacional Diego Gago, portavoz del PP en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, denunció que una vez fallido el intento vía Reglamento de Costas, "el Gobierno socialista intenta ahora introducir restricciones con la Ley de Cambio Climático aprovechando el estado de alarma y sin dialogar con el sector".

Los conservadores pedirán que se eliminen los puntos del articulado tendentes a limitar las concesiones del sector mar-industria "porque no tiene sentido generar incertidumbre en el mismo y amenazar el futuro de muchas de empresas de la provincia de Pontevedra", sostienen.