La denuncia interpuesta por un particular ante el Concello de Catoira en 2018, reclamando al alcalde Alberto García, como máxima autoridad urbanística, la paralización de la obra de un muro de cierre por no ajustarse a la legalidad urbanística, acabó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La sentencia da la razón al denunciante y ordena la anulación de las resoluciones municipales en relación con ese cierre perimetral, y condena al Ayuntamiento a la demolición del mismo.

El fallo judicial ya es firme. El Juzgado emitió otra diligencia en la que se requiere al Concello que lleve a efecto lo establecido en la sentencia, debiendo en el plazo de diez días comunicar el órgano responsable de su cumplimiento.

El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia presentada en el Concello de Catoira por un cierre perimetral de una parcela, ejecutado con postes de madera y malla, realizado en el perímetro superior de un forjado o cubierta construido anteriormente, y que también se había construido de forma irregular.

En la reclamación se destacaba que el nuevo cierre incrementaba en más de un metro la altura del muro de cierre preexistente de garaje/galpón que ya se hallaba fuera de ordenación.

El Concello de Catoira desestimó la denuncia particular, por entender que no superaba la altura máxima permitida. Por lo que la cuestión acabó en un recurso contencioso administrativo.

Tras el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra dio la razón al denunciante, estimando en parte su reclamación. En el caso de la primera obra no se actúa debido a que, como ha pasado tiempo, ya ha prescrito o caducado. Pero en cambio, en el caso del nuevo cierre de postes y malla erigido sobre la cubierta de la anterior edificación acometido en el año 2018, sí se está en tiempo de ordenar su retirada.

Además, la condena judicial "conlleva implícita la supresión del uso de terraza transitable que el infractor le pretende dar a la parte superior de dicha cubierta o forjado".

La sentencia se produce en plena moción de censura contra la gestión del nuevo alcalde, el nacionalista, Xoán Castaño, por lo que una de las primeras actuaciones que deberá asumir el próximo regidor municipal, el socialista Alberto García, será la aplicación de lo ordenado por la autoridad judicial para corregir una actuación de su anterior etapa de gobierno.