07 de febrero de 2020
07.02.2020

Los profesionales claman contra el artículo 135 y las limitaciones que entraña para el desarrollo de su actividad

07.02.2020 | 02:38
Representantes del sector en una reunión mantenida en Vilagarcía para analizar el borrador. // FdV

Mención especial merece, por el miedo que despierta en el sector, el artículo 135. El pasado mes de octubre FARO DE VIGO ya avanzaba que se hablaría largo y tendido del mismo en los meses posteriores, y así está siendo. También se alude a él en la moción presentada a los diferentes grupos parlamentarios, dejando claro que es la principal amenaza para el sector mar-industria de Galicia.

Baste recordar que ese artículo establece que "el plazo máximo de duración de las concesiones no podrá exceder de 75 años para proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros", así como para "obras encaminadas a garantizar el uso público y la integridad del dominio público marítimo-terrestre, siendo de 45 años para las que presten un servicio público y de 30 años para las demás".

En esto último radica el principal temor, pues el nuevo Reglamento General de Costas que elabora el Gobierno socialista de España añade que si las conserveras, cocederos o depuradoras se sitúan en la ribera del mar, "la duración de la concesión no podrá exceder de 30 años para proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros, obras encaminadas a garantizar el uso público y la integridad del dominio público marítimo-terrestre y actividades e instalaciones que presten un servicio público", limitándose a 15 años "para el resto de actividades e instalaciones".

Pero aún puede ser peor para el sector, pues "en caso de que pudieran tener un impacto paisajístico negativo, producir efectos negativos sobre la protección ecológica, impedir significativamente la capacidad de la costa para adaptarse a los efectos del cambio climático o generar impactos sobre la dinámica litoral, la concesión solo se otorgará o prorrogará si concurren razones de interés público con un plazo inicial máximo de 3 años".

Y claro, las empresas sugieren que no es lo mismo afrontar el futuro con una concesión a siete décadas vista que hacerlo para un plazo inicial de un trienio.

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