El Partido Popular de Vilanova de Arousa llevará al próximo pleno una moción en la que insta al Estado a elaborar un informe exhaustivo de todas las concesiones que se verían afectadas por la modificación del reglamento de Costas en ese término municipal. Para los conservadores, las modificaciones que se pretenden llevar a cabo son una auténtica amenaza para su tejido empresarial, sobre todo porque pueden perjudicar a la actividad que realizan unas siete empresas, entre cocederos y depuradoras. Esa afectación también se trasladará a los trabajadores de las empresas, que pueden verse perjudicadas con la pérdida de su empleo.
"Las modificaciones propuestas podrían poner en riesgo no solo cientos de puestos de trabajo en el municipio y millones de euros en facturación, sino que la inseguridad jurídica que provocan estas maniobras causan una reticencia a invertir y a generar actividad económica adicional muy perjudicial para los intereses de los vecinos", explican desde el PP. Insisten en que el procedimiento seguido por el Gobierno central para intentar llevar a cabo esta modificación, además de "jurídicamente preocupante, no es ni transparente, ni leal ni participativa, ya que no se clarifica con precisión a quién y cómo afectaría, lo que aumenta las dudas y la inseguridad jurídica, económica y laboral".
Además, para los conservadores vilanoveses, el carácter pretendidamente "urgente" de esta modificación, "con el fin de dar cobertura a hechos consumados legalmente problemáticos, provocó que no se contase con las comunidades autónomas ni con entidades con intereses legítimos, que se contraviniesen normas con rango de ley, y que no se proporcionasen plazos adecuados para alegar a administraciones, afectados e interesados". Es por ello que instan al Gobierno a que, cualquier modificación en la Ley de 2013, se haga siguiendo los trámites adecuados.
