16 de enero de 2020
16.01.2020
Faro de Vigo

El agujero negro de la sentencia de la gasolinera

José Ramón Abal reclama una investigación para descubrir si hubo informe jurídico y se perdió

16.01.2020 | 02:12
El agujero negro de la sentencia de la gasolinera

La empresa que gestiona la gasolinera "low cost" de Corvillón no quiere hacer declaraciones sobre la sentencia que anula la licencia que le otorgó en su día el Concello de Cambados. Alegan que el error lo cometió la administración municipal, y que es por lo tanto el Concello el que debe responder ante los vecinos.

El bipartito, por su parte, elude el asunto como si de una patata recién salida del horno se tratase. La alcaldesa ha delegado en el concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín, quien a su vez explica que él no era el responsable de dicha área cuando se concedió la licencia, y que ni siquiera estaba en la junta de gobierno que la otorgó. Además, la resolución judicial todavía no ha entrado por registro, de modo que aún habrá que esperar unos días para solicitar los informes jurídicos pertinentes. Toca ser cautos.

Pero quienes sí hablan son José Ramón Abal y Luis Aragunde. El primero de ellos fue concejal de Urbanismo durante el pasado mandato, y quiere en primer lugar despejar las sombras de dudas que se ciernen sobre su gestión. "El concejal de Urbanismo no concede ninguna licencia, sino que estas se otorgan en la Junta de Gobierno, y esta está formada por seis concejales". Abal explica que los técnicos que dependían de su departamento eran el aparejador y el arquitecto, y que el segundo de ellos hizo un informe muy detallado favorable a la gasolinera. El problema, añade, es que aparentemente la licencia se concedió sin que hubiese el preceptivo informe jurídico. "El informe jurídico que falta, según la sentencia, tenían que redactarlo técnicos dependientes de la Alcaldía", plantea.

¿Lo hicieron? Es ahí donde surgen las dudas. En las juntas de gobierno se ponen sobre la mesa cada semana multitud de asuntos, que los políticos aprueban o deniegan a menudo confiando en el secretario, que les indica si está todo en regla. No lo cotejan todo, pues eso haría interminables las juntas.

¿Faltaba entonces el informe jurídico cuando se concedió la licencia? ¿O se extravió después? ¿O no se incorporó a la causa judicial cuando el Ayuntamiento fue denunciado por una empresa que se sintió perjudicada por la nueva gasolinera? ¿Actuaron todos los técnicos y políticos con diligencia y buena fe? Incógnitas todas que exigen una respuesta, en opinión de Abal. "El gobierno municipal tiene que ser más transparente que nunca. Ver donde estuvo el error y tomar las medidas necesarias para que no se vuelva a producir. El gobierno tiene que investigar lo que sucedió".

El portavoz del PP, Luis Aragunde, por su parte está muy preocupado ante la posibilidad de que la gasolinera "low cost" vaya contra la Administración municipal y le pida una indemnización, ya que esta podría llegar a ser millonaria. "En 28 años de gobiernos del PP nunca se produjo un problema como este". "El tiempo nos está dando la razón cuando denunciábamos las debilidades del cuatripartito. Su gestión no solo era tremendamente lenta, sino también caótica", aseveró el líder de la oposición. La gasolinera sigue abierta, y podrá seguir funcionando mientras no haya sentencia firme. El camino será largo.

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