El gobierno conservador de Valga ha dado a conocer que la Xunta y la Diputación le adeudan más de un millón de euros en concepto de subvenciones. Esto justifica, según el ejecutivo, la concertación de una operación de tesorería por importe de 630.000 euros, a pesar de que las arcas municipales gozan aún de un saldo positivo en los bancos de 402.320 euros.

El ejecutivo valgués argumenta que la citada operación de tesorería tiene una duración de un año y un coste máximo para el Concello de 315 euros. Además, "de no ser necesario utilizar todo el importe, esta cantidad se verá reducida en la parte proporcional correspondiente, y el Concello no tendrá que pagar ninguna comisión de apertura, cancelación ni amortización anticipada".

Pero tuvo que recurrir a ella "para anticipar el coste de varias obras que se llevaron a cabo y estaban subvencionadas por otros organismos; es decir, que tuvimos que adelantar el coste total de dichas obras por el retraso en la financiación de la Diputación y la Xunta".

Y es que a 2 de diciembre pasado, "la Diputación tenía pendiente de ingresar al Concello 651.230 euros, y la Xunta más de 354.000, de ahí que, dado que el Estado obliga a pagar a los proveedores en un plazo máximo de 30 días, este gobierno decidiera actuar con previsión y concertar una operación de tesorería para prevenir posibles impagos a proveedores en caso de que Diputación y Xunta sigan retrasando sus subvenciones", alega el ejecutivo local..

Y aprovecha para pedir a la oposición municipal que presione a la Diputación y al Estado central para que ingresen al Concello "los más de 650.000 euros que nos deben y no desmantelen el cuartel de la Guarda Civi".

De este modo el equipo de Maneiro replica al PSOE, porque aseguraron que "la situación de las arcas municipales es tan preocupante que hay más de un millón de euros pendientes de pagar a a proveedores, obligando al Concello a pedir un crédito de 630.000 euros".

Los socialistas también denuncian que tras plantear estos argumentos el gobierno local ha impedido el acceso digital del grupo municipal del PSOE a la información municipal, "lo cual puede ser constitutivo de un delito contra los derechos cívicos".