El portavoz de Stop Desahucios Barbanza, José Manuel Pena, advierte del incremento de desahucios por impagos de la renta de alquiler. "Es obligación del juzgado ponerse en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento en cuestión para que emita un informe por si hay situación de exclusión social o vulnerabilidad, pero muchas veces los Servicios Sociales no tienen conocimiento del desahucio", relata el representante de la plataforma barbanzana, que también ha intervenido y mediado en varios casos de O Salnés, como por ejemplo uno reciente de Vilagarcía, donde una mujer residente en Cornazo había sido víctima de un fondo buitre.
"Los menores son las víctimas invisibles de todo este proceso. Lo que suelen hacer los concellos es mandar a los niños a un centro de acogida y al resto, es decir, a los adultos, a un hostal como solución provisional", señala Pena, que hace hincapié en el incremento de familias monoparentales afectadas por procesos de desalojo, sobre todo encabezadas por mujeres. "No hay voluntad de los gobiernos en que la Fiscalía actúe", añade el portavoz de Stop Desahucios.
