En los últimos seis años los juzgados arousanos ordenaron un total de 705 desahucios (una media de 117 anuales), aunque afortunadamente no todos ellos llegaron a ejecutarse. El portavoz de Stop Desahucios Barbanza, José Manuel Pena, que también ayuda a familias de O Salnés, señala que la práctica totalidad de la ejecuciones hipotecarias consiguen frenarse a través de acuerdos con las entidades bancarias, habitualmente con alquileres sociales de cinco años con opción de prórroga. ¿El problema? Que cada vez se dictan más lanzamientos por impagos de alquiler, y en este caso no hay acuerdo que valga, pues "es una relación contractual entre particulares", recalca Pena.
En el caso de la comarca de Arousa, la situación es distinta si nos referimos al partido judicial de Vilagarcía o al de Cambados. Y es que mientras que en los juzgados de O Cavadelo predominan los desahucios por deudas de arrendamiento, en los cambadeses son más numerosos los impagos de hipoteca.
También la evolución en los últimos años ha sido diferente. Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en O Salnés los desahucios cayeron a la mitad en 2018 (último año del que existe información desglosada por partidos judiciales), al pasar de 173 en 2017 a 88. Pero este descenso se registra exclusivamente en Vilagarcía (de 116 lanzamientos a 33), ya que Cambados lleva tres ejercicios consecutivos manteniéndose en torno al medio centenar de desahucios: 56 en 2016, 57 en 2017 y 55 en 2018.
Sin embargo la trayectoria en la capital arousana siempre ha ido en ascenso de forma paulatina hasta 2018, cuando tuvo lugar la primera caída de los últimos seis años. No obstante en la plataforma Stop Desahucios no muestran una actitud optimista con respecto a estas cifras: "El problema de los desahucios va a persistir mientras no exista una ley que garantice el realojo. Cada vez hay menos trabajo, está todo más robotizado, y por tanto son menos ingresos", señala el representante del colectivo en la ría de Arousa, José Manuel Pena, quien cree que los datos "no reflejan la realidad porque la mayoría de los desahucios se negocian con las entidades bancarias y no se llega a hacer efectivo el lanzamiento".
La opción mayoritaria en los acuerdos son los alquileres sociales, que en muchos casos no suelen superar los 300 euros al mes. Otra posibilidad es la refinanciación del crédito a más años para que las cuotas sean más llevaderas a la familia. A las personas mayores se les ofrece quedarse en su casa hasta su fallecimiento. Cuando este se produce, el inmueble no pasa a sus herederos, sino al banco.
Pese al descenso de desahucios en Arousa, José Manuel Pena avisa que el acceso a la vivienda continúa siendo una grave problemática. De hecho en Vilagarcía los alquileres están por las nubes y el Programa de Vivendas Baleiras de la Xunta al que se había adherido el Concello fracasó de forma estrepitosa. El interés por parte de los propietarios de viviendas vacías fue prácticamente nulo, por lo que Ravella abrió la puerta a la inscripción de bancos, que poseen una buena cartera inmobiliaria, pero los intentos cayeron en saco roto.
Desde Stop Desahucios consideran que "no hay voluntad política" para que este plan funcione. "Hay que informar bien a los propietarios de las condiciones. Además, creo que hay mucha economía sumergida en los alquileres porque de lo contrario no tiene sentido que no se acojan con las garantías que ofrece el programa", dice José Manuel Pena. A ello hay que añadir la impronta del alquiler vacacional en Vilagarcía, pues hay titulares que prefieren arrendar su piso tres meses que durante todo el año casi por el mismo dinero.
