El pleno de O Grove trajo a la mesa la preocupación del sector mar-industria frente al borrador para que propugna la reforma del reglamento que desarrolla la Ley de Costas que ha preparado el Ministerio de Transición Ecológica y que recorta los plazos de las concesiones en el litoral costero.
Las dudas entre los diversos colectivos relacionados con el mar son "absolutas" ante un proyecto de ley que reduciría las competencias de este sector y entienden pone en jaque todo el sistema económico derivado de esta maquinaria productiva vinculada al mar y que afecta a miles de familias.
En O Grove también se votó en contra de esta modificación. Los concejales apoyaron mayoritariamente la defensa a cocederos, depuradores, bateeiros, conserveras y piscifactorías, al igual que había sucedido con anterioridad en los plenos de otras localidades arousanas como Cambados y A Illa.
Tras la exposición realizada en presencia de destacados representantes del sector del mar en el salón de plenos, se procedió a una votación en la que solo el BNG votó en contra. Los votos de PP y PSOE, y la abstención de IU, bastaron para revocar un borrador de la Ley de Costas y las "devastadoras consecuencias" que podría tener sobre la idiosincrasia económica y social de la costa litoral gallega.
El objetivo de todos aquellos que dependen del mar no es otro que trasladar al gobierno central las inquietudes del sector. Roberto Fariña, presidente de la Asociación Galega de Depuradores e Comercializadores de Moluscos (Agade), manifestó su satisfacción porque O Grove rechazase también la modificación de la Ley de Costas.
El propio Fariña manifestó al respecto que "la postura del PP y del PSOE coinciden. Ahora queremos que se trasladen las propuestas al gobierno central y que se negocie directamente con Galicia debido a la peculiar realidad socioeconómica que tenemos y la dependencia respecto a la costa".
El principal problema que detectan con la reforma de la Ley de Costas es el que se refiere a los tiempos de concesión. Estos se verían reducidos de manera drástica pasando, en algunos casos, de periodos de 75 años a licencias limitadas de explotación de tan solo 30 años o menos en la línea de costa. Desde todos los sectores consideran esta posibilidad como una seria amenaza para la viabilidad socioeconómica de las poblaciones costeras, así como una inseguridad absoluta a la hora de desarrollar cualquier proyecto industrial e hipotecaría cualquier inversión para para estar a la altura de la demanda del mercado.
