Cada vez son más los ayuntamientos y organizaciones de todo tipo que muestran su rechazo al nuevo Reglamento de la Ley de Costas que diseña el Gobierno de España. Anoche la Corporación municipal de A Illa mostraba su rechazo a la propuesta, como ya se hizo con anterioridad en Cambados y otras localidades gallegas. Y como se hará en muchas más durante las próximas semanas.

Lo cierto es que el rechazo social y político va en aumento, al igual que aumenta el respaldo a ese sector mar-industria que muestra su preocupación por el nuevo articulado ante el temor a que sea "la ruina" para la Galicia litoral.

De ahí que esta misma mañana se celebren nuevas reuniones, entre ellas una convocada en Ribeira con participación de representantes de la Administración local y del sector.

Estaban, más concretamente, el alcalde ribeirense, Manuel Ruiz Rivas; Roberto Fariña, presidente de la Asociación Galega de Depuradores e Comercializadores de Moluscos (Agade); Jordi Trías, del Cluster de Acuicultura; José Antonio Pérez Sieira, presidente de la Federación Galega de Confrarías y patrón mayor de Ribeira; y el asesor jurídico Fernando Otero.

"Como ya hicimos hace días en Camariñas, Carnota, Cervo y Muxía, con estas reuniones queremos hacer partícipes a todos de nuestra preocupación y concienciarlos ante la gran amenaza que pesa sobre las localidades costeras de Galicia", explican los convocantes.

Bateeiros, depuradores, cocederos, conserveras, piscifactorías y, en general, todos aquellos que tienen algo que ver, directa o indirectamente, con el mundo del mar gallego, no dejan de sumar adeptos en esta causa que, básicamente, persigue que se tengan en cuenta las singularidades de la costa gallega y su vinculación al sector industrial.

La reducción "drástica" de los periodos de concesión para el funcionamiento de las industrias en la línea de costa es el principal motivo de preocupación del sector, que también trasladó sus inquietudes en diversas ocasiones a la Consellería do Mar.

Así lo dejó patente cuando, como el 26 de octubre desveló FARO DE VIGO, se reunió en Vilagarcía movido por el miedo que le provoca un articulado "que nos aboca a la desaparición y puede suponer la ruina para la Galicia costera".

Ya entonces se acordó promover la celebración de plenos en los que conseguir adhesiones, además de organizar asambleas y reuniones puerto a puerto, en cada asociación de productores y cada cofradía para cimentar una base sólida a partir de la que articular una posición que represente a toda Galicia.

Los que se sienten perjudicados insisten hoy en ello, recalcando que el nuevo articulado "genera inseguridad jurídica" cuando limita las concesiones de las empresas, ya que "antes se hablaba de un máximo de 75 años, con las prórrogas incluidas, pero ahora ya se plantean concesiones con un tope de 30, de 15 o de solo 3 años de actividad".

Lo que sucede, insisten, es que "con esos márgenes no podemos invertir para instalar nuevas industrias, no podemos arriesgarnos a ampliar o modernizar las actuales, no recibiremos créditos en los bancos y, en definitiva, no tenemos futuro".El artículo 135

El nuevo reglamento, que el sector mar-industria considera lesivo para sus intereses, le resulta especialmente preocupante en el artículo 135, "ya que para conceder las concesiones establece condiciones absolutamente abstractas, como los efectos de la erosión costera o los efectos previsibles del cambio climático".

Como ya avanzó en su momento el decano de la prensa nacional, ese contestado artículo 135 establece: "El plazo máximo de duración de las concesiones no podrá exceder de 75 años para proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros y obras encaminadas a garantizar el uso público y la integridad del dominio público marítimo-terrestre, siendo de 45 para las que presten un servicio público y de 30 años para las demás".

Y añade: "Si se sitúan (las empresas depuradoras, cocederos o conserveras) en ribera de mar, la duración de la concesión no podrá exceder de 30 años para proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros, obras encaminadas a garantizar el uso público y la integridad del dominio público marítimo-terrestre y actividades e instalaciones que presten un servicio público", limitándose esa concesión a 15 años "para el resto de actividades e instalaciones".

Y lo peor, cree el sector, es cuando el artículo 135 continúa: "En caso de que pudieran tener un impacto paisajístico negativo, producir efectos negativos sobre la protección ecológica, impedir significativamente la capacidad de la costa para adaptarse a los efectos del cambio climático o generar impactos sobre la dinámica litoral, la concesión solo se otorgará o prorrogará si concurren razones de interés público con un plazo inicial máximo de tres años".

La moción aprobada por unanimidad en A Illa

Para frenar este articulado se plantean mociones como la tratada en el pleno celebrado ayer en A Illa, en este caso aprobada por unanimidad. En ella se acuerda, por ejemplo, instar al Gobierno del Estado, y más concretamente al Ministerio para la Transición Ecológica, a "reconocer la realidad" de la comunidad autónoma gallega, O Salnés y la ría de Arousa "en relación a la realidad histórica y socioeconómica de la industria del mar, la acuicultura y el marisqueo, que a lo largo del último siglo sirvieron como base fundamental para el desarrollo social y económico de esta comunidad y que se pone en entredicho con un reglamento absurdo que demuestra el claro desconocimiento de la realidad social de nuestra comarca".

En la misma línea se reclama que, "con carácter previo a la aprobación de modificación alguna en la Ley de Costas, se establezca una mesa de análisis y negociación con los sectores vinculados al mar, para acodar que tanto el Reglamento General de Costas como la propia ley tengan en cuenta las reivindicaciones socioeconómicas del sector del mar de Galicia".

De manera más concreta se reclama la búsqueda de consenso antes de establecer el plazo de las concesiones a conceder para las actividades económicas, y también que se tenga siempre en cuenta que "para su indispensable funcionamiento", instalaciones como las depuradoras "deban estar ubicadas en el litoral", que es algo que también se cuestiona en el nuevo Reglamento.Necesitan el mar

Respecto a esto último, se insiste en que tales instalaciones, "para ejercer su labor en condiciones de aceptables de rentabilidad, se ubican en la franja costera, ya que necesitan un emplazamiento y una disposición idóneos para la captación de agua del mar a través de mecanismos de impulsión y salida entre las propias empresas y la ría".

Estas reivindicaciones se sustentan en que "la reforma de la Ley de Costas que está elaborando el Ministerio para la Transición Ecológica preocupa enormemente a los sectores productivos, dado que se pretende introducir una serie de preceptos nuevos que amparan algunas interpretaciones muy restrictivas y recrudecen las exigencias medioambientales, en claro detrimento de las posibilidades de ejercicio legítimo y sostenible de las actividades ligadas tradicionalmente al mar de Galicia".

De este modo se insiste en que el borrador de nuevo Reglamento "recorta drásticamente la figura de la prórroga extraordinaria de las concesiones de ocupación de dominio público marítimo terrestre, desvirtuando la letra y el espíritu con el que se creó esta figura en la reforma de la Ley de Costas de 2013, y que venía, precisamente, a apoyar a las actividades productivas costeras que iban a llegar a su término, y ser desmanteladas por tanto, en el año 2018, 30 años después de la Ley de Costas originaria, de 1988".

Sin afección medioambiental

Los mismos planteamientos llevan a concluir, como se expone en la moción aprobada ayer, que la experiencia de la industria comercializadora y transformadora de los productos del mar "evidencia que no son actividades en absoluto insostenibles desde el punto de vista medioambiental, como lo atestiguan los diversos organismos públicos de control".

Tanto es así que "en ningún momento el borrador del Reglamento General de Costas sostiene que la causa de la modificación sea una problemática de tipo ambiental, si no, únicamente, una decisión conceptual, como es la apuesta de las autoridades de Costas por un litoral libre de actividad productiva, lo que supone a su vez optar por un uso preferentemente recreativo para el que tampoco se da ninguna alternativa".