Milagros Pérez es una de las numerosas víctimas de los fondos buitre. Esta vecina de Vilagarcía es consciente de que los impagos de una hipoteca pueden acarrear el desahucio de la misma, pero lo que no esperaba en ningún caso era que el fondo de inversión (el tercero en el proceso) con el que estaba negociando y había alcanzado un acuerdo inicial, le llamase tres días antes de firmar la dación en pago para reclamarle una nueva deuda de 12.000 euros supuestamente contraída después de la concesión del préstamo hipotecario y que está relacionada con una finca que era propiedad del matrimonio.

Milagros es natural de Caldas pero lleva viviendo en Vilagarcía desde que se casó, a finales de los años ochenta. Construyó con su marido una casa en Cornazo, para lo cual solicitaron una hipoteca por la que pagaban 240 euros al mes. Después montaron una empresa de construcción y pidieron un nuevo crédito de una importante cuantía (la cuota mensual superaba los 1.000 euros), poniendo su vivienda como aval.

Entonces llegó la crisis, la constructora se fue a la bancarrota y el matrimonio dejó de pagar el préstamo hipotecario (desde 2010), por lo que la entidad bancaria procedió al embargo de la casa de Cornazo. Por aquel entonces Milagros Pérez y su marido ya estaban divorciados. Tienen dos hijos en común, actualmente de 30 y 21 años. El menor continúa viviendo con su madre, ahora en una vivienda de alquiler a las afueras de Vilagarcía, pues esta vecina abandonó la casa de Cornazo hace aproximadamente un mes.

Las negociaciones con el fondo de inversión iban bien y las partes habían acordado firmar una dación en pago mediante la cual Milagros se quedaría libre de deudas a cambio de entregar todas sus propiedades. Además de la vivienda de Cornazo (con mil metros cuadrados de terreno), también perdió una finca que en su día había comprado la defenestrada empresa para construir chalés y un inmueble en un principio destinado a vivienda y posteriormente a bar. "Íbamos a firmar y tres días antes me llaman diciéndome que tenía una deuda de 12.000 euros por la finca, que se suma a la que ya le habían reclamado a él de 23.000 euros por el bar", relata la afectada. "Me quitaron todo y aún tengo que pagar 35.000 euros. Ese fondo buitre me llevaba engañando seis meses", lamenta esta vecina desahuciada de su casa en la parroquia vilagarciana de Cornazo.

Está asesorada por un abogado y ha solicitado la ayuda de la plataforma Stop Desahucios Barbanza, que exige la condonación de la deuda o bien que el fondo de inversión no llegue a tomar posesión efectiva del terreno y respete el acuerdo inicial con la familia.

En un principio Milagros Pérez se dirigía a la entidad bancaria, pero según su versión, llegado un momento desde el banco le aseguraron que allí ya no había nada que hacer y que todo estaba en manos de un fondo de inversión. No obstante, desde esa misma entidad "me dijeron que cuando firme la dación en pago y quede libre de deudas me ofrecen un piso embargado para comprar", confiesa la vecina.

Ella trabaja como limpiadora y afirma que su exmarido se encuentra en el extranjero, por lo que todo el proceso de ejecución hipotecario está pesando sobre ella. "Yo me marché por mi propio pie de la casa. Soy consciente de que si no pago tengo que irme, pero lo que no consiento es que me engañen y me tomen el pelo", sentencia la afectada.

Esta mala racha se prolonga demasiado y lo único que quiere Milagros es dejar atrás todas esas deudas e iniciar una nueva vida. "Ahora ni como ni duermo", declara.