Incredulidad e indignación. Así finalizaron los representantes de los trabajadores del Concello de Vilanova la Mesa General de Negociación tras ver como el grupo de gobierno trataba de imponer como sistema generalizado para el ingreso y promoción en la administración local el procedimiento de concurso-oposición, dejando fuera de este criterio únicamente la promoción en la Policía Local, sin garantizar así la carrera profesional de los agentes, algo que se pretende hacer con la plaza de inspector jefe, que será cubierta por movilidad. Los sindicatos (CIG y CSIF) no están dispuestos a permitir esta imposición y, en los próximos días, presentarán denuncia contencioso-administrativa contra esta resolución del alcalde, Gonzalo Durán, que consideran contraria a derecho. A esta pretensión se puede unir otra denuncia, la de uno de los trabajadores afectados por esta decisión, que ya ha puesto los hechos en conocimiento de su abogado para determinar si existe delito de prevaricación administrativa, al entender que la actuación del regidor "es dolosa, ilegal, arbitraria e injusta".
Este malestar sindical surge de la Mesa de Negociación celebrada recientemente en la que los delegados del personal funcionario pudieron comprobar "la animadversión que el alcalde tiene hacia la Policía Local, algo que se basa únicamente en el hecho de haber hecho públicas las carencias del servicio". Esa diferencia se concreta en el enfrentamiento "con un oficial que no le baila las aguas y que únicamente hace su trabajo".
En esa Mesa, los delegados de personal se encontraron con lo que definen como "imposición, porque dan igual los argumentos que se esgriman por parte de los trabajadores, pues la sentencia del concejal de Recursos Humanos es siempre la misma, que se puede debatir todo el tiempo que queramos, pero al final se va a hacer así porque quiere el alcalde". Una frase que se esgrime pese a "contar con el asesoramiento del secretario municipal, a quien, de forma intencionada, no se le solicitan informes, sabedores de que pueden ser contrarios a los caprichos del alcalde".
A la decisión del concurso oposición que coarta la carrera profesional de los agentes, se suma otra "sangrante", la de elegir al oficial que ha de cubrir, de forma provisional, el puesto de inspector jefe, algo que la Ley prevé y que basa en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. En este caso, "el alcalde, en un ejercicio de prepotencia, arbitrariedad y mala fe, convierte estos principios en una pantomima y decide tener en cuenta tan solo los años trabajados, dejando de lado la titulación universitaria, la formación en la Academia Galega de Seguridade y cursos de idiomas o lenguaje administrativo, requisitos que llevarían a la jefatura al oficial que el alcalde no quiere", argumentan.
Los sindicatos advierten de que estos "caprichos" van a tener un coste, unos gastos que, "al igual que en otros muchos casos, no va a pagar Durán, sino todos los vecinos de Vilanova". No en vano, recuerdan, hace algunos años, cuando se eligió al primer oficial de la plantilla, "este mismo trabajador señalado de forma gratuita por el alcalde, tuvo que ganarse la plaza, primero, en el concurso-oposición, y después, en los tribunales de justicia". Lo hizo en primera instancia en una sentencia que fue recurrida por el Concello de Vilanova de Arousa, que volvería a perder en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El trabajador acabaría tomando posesión de su plaza, pero "Durán no podía perder, así que, en muy poco tiempo, convocó una nueva plaza de oficial".
El enfrentamiento de Durán con la Policía Local surge de la falta de medios humanos que tiene este cuerpo y de la decisión de Durán de obligarles a realizar patrullas individuales, un método de vigilancia que desaconsejan las fuerzas de seguridad del Estado por ser totalmente inoperante.
