El Concello de Vilanova ha decidido prohibir el acceso de vehículos al interior del barrio de San Pedro, en las inmediaciones de As Sinas, una prohibición de la que están exentos los residentes en esa zona. Dos enormes señales de prohibido estacionar bajo las cuales figura el epígrafe "excepto residentes" lucen desde hace poco más de una semana en los únicos accesos al barrio.
Las señales han pillado a contrapié a un buen número de turistas que solían utilizar las calles del barrio para estacionar cuando acudían a la playa o a alguno de los restaurantes que se encuentran en la zona.
De hecho, las sanciones por vehículos estacionados en el interior del barrio sin la tarjeta de residente no se han hecho esperar, causando un gran malestar entre muchos visitantes de Vilanova.
El alcalde del municipio, Gonzalo Durán, reconoce que se ha puesto en marcha esta medida a instancias "de los propios vecinos, que llevan años soportando como estacionan sobre las aceras, llegando incluso a impedirles salir de sus casas por dejar medio coche aparcado en la puerta, todo porque muchos prefieren dejar su vehículo a la sombra y no en el estacionamiento cercano al sol".
Insiste en que el barrio "cuenta con unas aceras muy estrechas, y la presencia de tantos vehículos es un problema para los residentes, sobre todo, para aquellos que tienen limitada la movilidad".
Tras recibir un considerable número de quejas Durán asegura que "optamos pro crear una tarjeta de residentes, y todo aquel vehículo que no cuente con ella bien visible, será sancionado". No sería el único punto del Concello donde se puede implantar esta forma de control de acceso de vehículos. "Es algo que también se podría implantar en el casco viejo de Vilanova, donde tenemos muchas quejas por la forma de estacionar".
Sin embargo, las quejas por las sanciones interpuestas por los agentes de la Policía Local no se han hecho esperar tan solo una semana después de que se haya puesto en marcha este método de control del acceso, sobre todo por el coste de las mismas, que asciende a la cifra de 200 euros. Varios de los afectados no dudan en poner en cuestión la legalidad de la medida, así como la precipitación en aplicarla. Esas dudas responden a que la zona se encuentra en dominio público marítimo terrestre, por lo que "la Dirección Xeral de Costas puede tener mucho que decir en esto, ya que no se puede aplicar una medida de prohibición así, de la noche a la mañana".
