Muy difícil lo tiene el BNG para completar el mandato con solo tres ediles en una Corporación de once. Pero el PP, el mismo grupo que -con otros tres concejales- convirtió a Xoán Castaño en alcalde, dio ayer un nuevo impulso a los nacionalistas arropando su propuesta para que el regidor tenga una dedicación exclusiva y cobre mensualmente hasta que termine el año.

Pero como realmente no se sabe hasta dónde quiere llegar el PP con ese impulso, ni hasta cuándo va a dejar que el BNG coja carrerilla, más difícil lo tendrá este grupo cuando tenga que pactar el presupuesto de 2020 para marcar de nuevo el salario de su jefe de filas.

García marca el ritmo

Y por si queda alguna duda, ya lo advirtió en el pleno celebrado ayer el portavoz socialista y exregidor, Alberto García, quien sigue aprovechando sus tablas para moverse como pez en el agua en los debates plenarios, incluso llegando a ejercer de moderador de los mismos en momento puntuales.

Pero al menos el BNG encontró en los conservadores, una vez más, el aliado que precisa para subsistir y conservar el poder ejecutivo, por mucho que sus dirigentes en Santiago aborrecieran inicialmente el respaldo de los populares.

Lo cierto es que el PP de Iván Caamaño tiene al BNG donde quiere que esté. No solo porque gracias a sus votos desbancaron a García después de tres décadas como alcalde, lo cual, a la postre, era su principal objetivo electoral. También porque después de haber votado en contra hace solo un mes a la propuesta para liberar económicamente a la número 2 del Bloque, María Paz, ayer el PP sí votó a favor de la dedicación exclusiva para Castaño, recordándole inmediatamente Iván Caamaño que "cada vez que cobre su salario tendrá que acordarse de que es gracias a nosotros".

Dicho de otro modo, que el PP no solo puso al BNG en el gobierno, sino que decidió quién puede cobrar de ese grupo y quién no.

"Nosotros lo pusimos a gobernar y ahora nos pide apoyo para su sueldo a pesar de que no cuenta con nosotros para nada", espetó Caamaño antes de justificar la decisión de su grupo diciendo que "si el PP vota a favor (del sueldo) es pensando en los vecinos, porque queremos que Catoira tenga un alcalde que esté al frente del Concello y pueda trabajar; pero eso sí, tiene que hacerlo ya, porque desde que tomó posesión no hizo nada".

El PSOE votó en contra -con cinco ediles no le sirvió de nada- al entender que el sueldo del alcalde saldrá de partidas que podrían dedicarse a contratar personal laboral temporal, algo que el primer edil niega, garantizando que las nóminas de los trabajadores también está garantizadas.

La sesión plenaria celebrada ayer en Catoira sirvió para que el alcalde diera cuenta del auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo referente a la denuncia formulada por la empresa Marconsa, que reclama al Concello el pago de una deuda generada en el anterior mandato.

Hay que recordar, que, como explicó hace días el propio Xoán Castaño, tras recibir el auto judicial fechado el pasado 27 de julio, se trata de una deuda de unos 184.000 euros.

En ese documento se amenaza a la Administración local con el embargo de bienes municipales si en el plazo de dos meses no solventa la situación o no se compromete a hacerlo, para lo cual puede pagar todo lo que debe antes del 31 de diciembre o consignar las partidas correspondientes en el presupuesto para hacerlo "en el margen temporal de dos años".

El mismo auto advierte de que, en caso de incumplirse tales condiciones, podrán imponerse multas coercitivas al actual primer edil, a razón de mil euros mensuales.

El auto está relacionado con dos sentencias, una del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra y la otra dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Según las mismas, la deuda está relacionada con la intervención arqueológica realizada hace años en las Torres de Oeste.

El exalcalde, Alberto García, repitió ayer que no pagó la deuda que reclamaba la empresa Marconsa en su momento porque no quiso, ya que había informes técnicos contrarios a esa operación por considerar la factura excesiva. "No pagué, y no ordené hacerlo, sencillamente porque los informes técnicos eran contrarios a abonar la cantidad que reclamaba la empresa; y lógicamente, con informes en contra en la mano, no iba a dar la orden de abonar la factura, ya que sería prevaricar y despilfarrar el dinero de los vecinos", aseguraba el socialista. Ayer incidió en que gracias a esa actitud el Concello ahorró dinero y retó al alcalde a mostrar también las sentencias favorables a la Aministración local.