10 de agosto de 2019
10.08.2019

García confiesa que evitó pagar a Marconsa de forma intencionada, en desacuerdo con la factura

Alega que es responsabilidad del nuevo gobierno solucionar el problema creado tras las sentencias contra el Concello de Catoira

10.08.2019 | 02:41
El exalcalde Alberto García García. // Iñaki Abella

Alberto García García, el que fuera alcalde de Catoira durante más de treinta años, sostiene que no pagó la deuda que reclamaba la empresa Marconsa porque no quiso hacerlo, ya que había informes técnicos contrarios a esa operación. Y todo porque la constructora reclamaba una cantidad mucho mayor que la aceptada por la Administración local.

De este modo el líder socialista sale al paso de las acusaciones vertidas por el actual regidor, el nacionalista Xoán Castaño, quien junto a la teniente de alcalde María Paz arremetió contra García por este pufo y lo acusó de llevar al Concello a una situación económica crítica.

"No pagué, y no ordené hacerlo, sencillamente porque los informes del secretario interventor y demás técnicos eran contrarios a abonar la cantidad que reclamaba la empresa; y lógicamente, con informes en contra en la mano, no iba a dar la orden de abonar la factura, ya que sería prevaricar y despilfarrar el dinero de los vecinos", replica el jefe de filas del PSOE vikingo.

E insiste en que "no se pagó, intencionadamente, porque no estábamos de acuerdo con la cantidad que reclamaba la empresa, que incluso pedía más dinero del que le reconoce la Justicia después de que presentara el recurso judicial".

Pedían 200.000

Todo esto está relacionado con la intervención en el espacio arqueológico de las Torres de Oeste, y más concretamente con el ensanche de la pérgola de acceso al recinto y los honorarios de dirección de obra.

"Por todo eso la empresa pedía más de 200.000 euros y nosotros entendimos que no había que pagarle más de 70.000, de ahí que denunciaran al Concello", relata García.

Y añade que no incluyó el abono de esa deuda en el Plan de Ajuste Financiero de 2016 porque el proceso estaba judicializado y sería como reconocer una factura que el Concello creía desproporcionada.

Así las cosas, convencido de que en su gobierno "hicimos lo que estábamos obligados a hacer legalmente, porque no puede pagársele a una empresa todo lo que quiera si realmente no cumple", el exalcalde reprocha la reacción del nuevo ejecutivo nacionalista y le espeta que "el Concello tiene tiempo para recurrir y debe seguir adelante con el proceso; y si la Justicia le dice que tiene que pagar pues tiene que hacerlo".

Problema de castaño

Del mismo modo resalta que es el BNG de Xoán Castaño "el que tiene que resolver ahora los problemas que se le planteen, y si no son capaces de hacerlo que se vayan a su casa".

A su juicio "todo esto es consecuencia de que entraron por la puerta de atrás en el gobierno (con el apoyo del PP y en clara minoría) y estuvieron treinta años de vacaciones en la oposición, sin preocuparse ni enterarse de nada, ya que todos los papeles están en el Concello y no necesitaban esperar hasta ahora para enterarse de lo sucedido con esa factura y las sentencias dictadas en 2016".

Para lo bueno y lo malo

Termina diciendo que "ser alcalde es serlo para lo bueno y para lo malo, para las cosas feas y las bonitas, por eso es el gobierno de turno el que debe lidiar con todo ello".

Hay que recordar, como se avanzaba el jueves en la edición digital de FARO, que la deuda impagada es de unos 184.000 euros porque así lo estipuló la Justicia, que amenaza a la Administración local con el embargo de bienes municipales si en el plazo de dos meses no solventa la situación o no se compromete a hacerlo. Puede pagarlo todo antes del 31 de diciembre próximo, o consignar las partidas correspondientes en el presupuesto municipal para hacerlo "en el margen temporal total de dos años".

Del mismo modo, los tribunales advierten de que, en caso de incumplirse tales condiciones, podrían imponerse multas coercitivas al actual primer edil, a razón de mil euros mensuales.

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