Los recursos presentados por una serie de sociedades han logrado frenar la subasta de bienes del narcotraficante arousano Marcial Dorado Baúlde, que empezó en noviembre pasado. Se trata de empresas que no fueron condenadas en la causa por blanqueo de dinero en la que Dorado sí fue encontrado culpable, y que tenían participaciones en muchos de los bienes comisados al narco. Las sociedades entienden que esas propiedades no se pueden subastar, a menos que el Estado les indemnice por la parte proporcional de la propiedad que les correspondía.

Fuentes consultadas señalan que detrás del recurso se encuentra al menos un hijo de Marcial Dorado que ni siquiera llegó a ser juzgado en la Audiencia Nacional. Desde el entorno de la familia del narco e histórico contrabandista de A Illa se indica también que uno de los recursos está presentado ante la sala de ejecución de sentencia de la Audiencia Nacional, y que el segundo se ha elevado al Tribunal Constitucional, después de que en la Audiencia fallasen en contra de los intereses de las referidas sociedades mercantiles.

Marcial Dorado fue condenado por tráfico de drogas y blanqueo de dinero. A consecuencia de este último procedimiento, se le embargaron unos 190 bienes, entre pisos, chalés, aparcamientos subterráneos, garajes, terrenos y hasta coches y yates. Los peritos estimaron que el valor total de todo ese patrimonio superaría los 21 millones de euros. Uno de los inmuebles que se registró a nombre del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) fue el chalé familiar de O Lagartiño, en A Illa. Se escrituró a nombre del Estado en febrero pasado, pero presumiblemente su proceso de enajenación se dilatará un poco en el tiempo, pues se trata de una de las propiedades afectadas por los mencionados recursos.

Los procedimientos presentados por las empresas en la Audiencia Nacional y el Constitucional no afectan a la totalidad del patrimonio intervenido a Dorado, sino solo a aquellos en cuya titularidad participan personas o entidades mercantiles que no llegaron a ser juzgadas por blanqueo o que salieron indemnes de su paso por la Audiencia Nacional.

Así las cosas, sí podrían subastarse otras propiedades, y de hecho el Plan sobre Drogas manifestó que la enajenación del patrimonio de Dorado sería "prioritaria" para ellos. No obstante, hace ya meses que el Plan sobre Drogas no convoca subasta alguna de bienes del arousano, de ahí que fuentes consultadas apuntan a un segundo factor que lo explicaría: la inestabilidad y la incertidumbre política en Madrid.

Aunque los funcionarios y técnicos del Plan sobre Drogas sean personal ajeno a los vaivenes políticos, los dirigentes y la propia estructura del departamento podrían variar con un hipotético cambio de Gobierno central.

El PNSD depende del Ministerio de Sanidad, y en octubre pasado convocó una subasta con los primeros bienes intervenidos a Marcial Dorado. Ésta se celebró a finales de noviembre, y el Estado logró recaudar 430.000 euros por la venta de diversas propiedades.

Posteriormente, en febrero de este año, la delegada del Plan sobre Drogas, María Azucena Martí Palacios, visitó Vilagarcía y anunció que ya se había registrado a nombre del Plan el chalé de O Lagartiño, valorado en tres millones y medio de euros. Martí acudió a la localidad arousana para ver la Casa Jaureguízar, que está en el centro de Vilagarcía, y que el Ayuntamiento compró por 170.000 euros con la finalidad de arreglarla y convertirla en un club social.

El inmueble lo había adquirido en la década de los 90 una empresa vinculada a Dorado con sede en Liechtenstein, y pagó por él el equivalente a 860.000 euros.

Unas semanas después, se supo que el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela trasmitió al plan el interés de la administración municipal por el aparcamiento subterráneo de la Plaza de España, embargado también en su día a la familia Dorado.

Sin embargo, desde febrero no ha vuelto a salir a subasta alguna de las propiedades incluidas en la lista de embargadas al isleño. Se estima que faltan por subastar más de 180.

El Plan sobre Drogas tampoco se ha prodigado en subastas de inmuebles desde entonces. Las dos últimas fueron de vehículos -la mayor parte de ellos intervenidos en el Levante y el Sur de la Península- y de joyas y numismática. Esta última se resolverá en breve.