El nuevo gobierno de Catoira liderado por Xoán Castaño ha cargado contra la gestión económica realizada durante los mandatos de Alberto García. Para argumentar su acusación, el BNG se basa en un informe técnico realizado por personal municipal en el que se señala que la situación de las arcas refleja una cantidad de 1.112.288,59 euros en obligaciones pendientes de pago, obligaciones que tendrán que ser satisfechas sin condonación posible.
El alcalde subrayó además que "el informe añade otros derechos pendientes que son de dudoso cobro y que agravan la situación donde no se asegura que puedan ser ingresados en las arcas municipales. Nos referimos a cantidades de 1.923.590 euros y otros ejercicios de 1.403.000 euros".
El actual grupo de gobierno también quiso destacar que "de no tomarse medidas paliativas que garanticen el equilibrio presupuestario, la sostenibilidad económica de los servicios que presta la administración municipal no será viable e imposible su continuidad en el tiempo".
Las recomendaciones del informe técnico respecto a las decisiones a tomar por el actual gobierno son incrementar el tipo aplicable sobre el IBI hasta el 0,6% como mínimo. También se aconseja establecer el impuesto para vehículos en el coeficiente máximo permitido. Incluso en lo que respecta a las tasas y precios que graven los servicios municipales resultará imprescindible y legalmente exigible que se proceda a una revisión en el ejercicio 2020 de manera que esas tasas cubran esos servicios para que no sean deficitarios.
En cuanto a los gastos de personal, deberá evitarse la contratación de personal a excepción de aquellos que sean subvencionados al 100% y en relación a gastos corrientes, el informe pide reducirlos al mínimo posible para mantener la prestación de los servicios municipales de carácter obligatorio y no comprometer gasto que exceda del presupuesto. Asimismo aconseja suprimir o reducir considerablemente los servicios municipales que no son de prestación obligatoria e igualmente reducir en un 50% como mínimo todo gasto voluntario que no tenga que ver con servicios municipales esenciales tales como los destinados a actividades culturales y deportivas.
Las críticas a la labor de Alberto García en la gestión municipal fue catalogada por la concejala María Paz como "irresponsabilidad financiera". Añade que "se dilapidaba dinero de los catoirenses, dinero público destinado a mantener los servicios se gastaba en comidas que no estaban al alcance de ningún bolsillo medio. Algunas comidas en cantidad y calidad que podemos definir como obscenas con facturas por importes de 600 euros en una sola cita".
Incluso descubre el gobierno catoirense que "en lo que llevamos de 2019 hay un importe en facturas de comidas pendientes de pago por un total de 16.501,70 euros. Y en lo que va desde enero de 2018 hasta hoy el total destinado a comidas equivale a 71.000 euros, de los cuales esos 16.501,70 están pendientes de pago".
María Paz concluyó apuntando que "con esto nos reafirmamos en que el Concello de Catoira necesita una gestión responsable, un control del gasto y una absoluta transparencia, que es un compromiso que adquirimos en campaña con nuestros votantes".
