El convenio urbanístico firmado en su día por el Concello de Vilagarcía de Arousa y Corporación Peñasanta para la ampliación de su fábrica de Larsa, que incluye cesiones para la Administración local, está a punto de concluir, según reconocieron ayer fuentes municipales. La tramitación está pendiente de que pase nuevamente por el pleno de la corporación municipal y de la aprobación definitiva por parte de la Xunta de Galicia.
Una vez que se complete la tramitación, se firmarán las cesiones contempladas en el documento urbanístico. De este modo, el Concello de Vilagarcía podrá incorporar en breve plazo a su patrimonio la casa solariega, la capilla y el cruceiro que están en los terrenos de la industria láctea Larsa, calificados en el planeamiento urbanístico como bien a conservar. Estas instalaciones fueron la morada de los fundadores de la fábrica que ahora está en manos de un grupo lácteo asturiano.
Los terrenos que gana el Ayuntamiento para equipamientos públicos suman 7.003 metros cuadrados en los que se emplazan la casa, la capilla y el cruceiro; además de 2.216,30 metros cuadrados para sistema viario público.
La modificación puntual urbanística sobre los terrenos de Larsa en Vilagarcía reduce el perímetro de protección inicialmente previsto alrededor de la antigua chimenea de la fábrica, también catalogada como elemento característico de la arquitectura industrial del siglo XX. Así, la corporación empresarial propietaria puede segregar las parcelas de uso industrial que le quedan, con destino a obras de mejora y ampliación de sus instalaciones.
Corporación Peñasanta ya invirtió 3,2 millones de euros en la modernización de la fábrica de Larsa en Vilagarcía, que especializó en la fabricación de queso y de productos lácteos. Una de las estrellas de esta factoría es la gama de yogures que han contado con gran éxito entre los consumidores, lo que ha llevado a la apuesta por nuevos sabores y la necesidad de proyectar la ampliación de las instalaciones.
La tramitación del expediente urbanístico resultó especialmente compleja ya que al afectar zonas catalogadas como bienes a conservar, los cambios tuvieron que ser supervisados también por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia.
