Salvador Ribadomar y Joan Carlos Cucurull Rillo, en representación de los colectivos Irmandade Mariñeira de Galiza y Unio de Percadors Artesanals de Catalunya, saltan a la palestra ante el inicio de una nueva campaña electoral para implicar a los partidos políticos en defensa de la flota artesanal.
Temen la desaparición de este sector que es "fuente de riqueza y generador de estabilidad socioeconómica en Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, Baleares, Valencia, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla", por lo que demandan la creación de "una mesa de debate, consulta y toma de decisiones a nivel estatal, autonómico y europeo, en la que estén presentes tanto las Administraciones públicas como las entidades representativas del sector pesquero y nuestra organización".
Una mesa de trabajo, aclaran, "con poder consultivo de primer orden" y en la que se traten "todas las normativas que afecten a nuestro sector", participando además "en las negociaciones con la UE que afecten al desarrollo de la actividad pesquera".
En un extenso comunicado reivindican también "la exención para la flota artesanal de menos de doce metros de eslora del cómputo del Total Admisible de Capturas (TAC), haciendo sostenible así su actividad y a la vez dejando más cantidad de pescado para el sector de flota superior, que malvive ante la actual situación que determina repartos irrisorios de todas las especies pesqueras".
La "eliminación inmediata de la posibilidad de trasferencia mediante compra de los derechos de pesca de los distintos sectores, especies y zonas", es otro de los planteamientos, en este caso "para acabar con la actual situación, en la que el capital especulativo se aprovecha de nuestra precaria situación económica quedándose no solo con los derechos de pesca de nuestras embarcaciones, sino también con nuestro futuro".
Irmandade Mariñeira de Galiza y Unio de Percadors Artesanals de Catalunya reivindican, por otra parte, "un control real y efectivo de todas las emisiones de residuos industriales y urbanos a nuestras costas, creando políticas educativas y coercitivas encaminadas a lograr emisiones cero"; llegando a proponer que se impida la implantación de granjas de cría y engorde de especies pesqueras "a menos de 20 millas náuticas de cualquier punto de la costa".
Asimismo, plantean un "control real de las importaciones de pescado y marisco de terceros países, que el consumidor sea consciente del lugar real de dónde proceden los miles de toneladas de marisco y pescado que fraudulentamente se venden al público como procedentes de la costa española".
El "control de la actividad pesquera de las embarcaciones de pesca industrial" o "establecer un registro de pesca artesanal para que los consumidores tengan la garantía de que están consumiendo pescado y marisco recogido de forma sostenible" también forman parte del listado de reivindicaciones que se plantean antes los diferentes gobiernos y formaciones políticas, sin olvidar "la gratuidad de las titulaciones y especialidades necesarias para ejercer el trabajo de pescador".
Terminan reclamando que se aumenten en cinco puntos los coeficientes reductores para la edad de jubilación en todos los tramos de flota.
