El expresidente del Liceo Casino de Vilagarcía de Arousa, Álvaro Paz Tarrío, celebra la sentencia que lo absuelve y da carpetazo definitivo a la demanda judicial por la vía penal interpuesta por propietarios colindantes en relación con la venta de la antigua sede del Liceo Marítimo, en Ravella. Los demandantes, según explica, ahora pueden acudir a la vía civil, pero contra la empresa propietaria de los terrenos. Una vez liberado del proceso judicial en el que se vio envuelto como expresidente, Paz Tarrío reclama a la sociedad el pago de los gastos de su defensa que ascienden a unos 12.000 euros.

El Liceo Casino de Vilagarcía ha presentado un concurso de acreedores para resolver su delicada situación económica, por lo que el expresidente ya presentó su reclamación ante el abogado de la entidad y ante la administradora concursal.

"Se acabó, me han comunicado el fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Penal, e indicando que, contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno", puso de manifiesto el expresidente. En los fundamentos jurídicos de la sentencia se expone que se trata de discrepancias en la valoración de la prueba y que estas cuestiones deben ventilarse en la vía civil.

En relación con este procedimiento judicial, Paz Tarrío presentó un escrito el 9 de enero de 2011 al entonces presidente del Liceo Casino de Vilagarcía, Alfonso Saavedra, en el que hacía constar que había recibido una citación como imputado en calidad de expresidente de la sociedad, por lo que solicitaba el nombramiento de un abogado para asistirlo en su defensa. "No tuve ninguna respuesta; él era parte interesada en el caso", apuntó.

No fue la única vez que solicitó asistencia legal por parte del Liceo Casino, ya que volvió a enviar un escrito a la entidad en el año 2013, cuando ya estaba de presidente Antonio Castro. Pero tampoco obtuvo contestación, por lo que se vio obligado a gestionar la contratación de abogado y procurador por su cuenta para defenderse en su calidad de representante de la sociedad.

Según explicó, los costes legales de su defensa se encarecieron ya que los demandantes pedían una indemnización de 252.521,30 euros. Aunque aún no tiene la minuta completa del representante legal, por lo que ya ha abonado, estima que la factura podría superar los 12.000 euros. Por este motivo se puso en contacto con el presidente de la gestora de la entidad, quien lo derivó a la administración concursal para que formalice su reclamación como acreedor. Según la carta que recibió como socio, en fechas próximas habrá una asamblea extraordinaria del Liceo Casino, una vez que se conozcan las soluciones con el juzgado y acreedores.