Representantes de la Asociación Galega de Depuradores de Molusco (Agade) y la Consellería do Mar, capitaneados por Roberto Fariña y Rosa Quintana, respectivamente, analizaron los problemas que, según los primeros, puede causar el nuevo reglamento de la Ley de Costas que prepara el Estado central, y también preocupa a la Xunta.
Se explicó en el encuentro que esta modificación del reglamento general de Costas "puede dejar en una situación de inseguridad jurídica a más de un centenar de empresas gallegas, entre conserveras, instalaciones de acuicultura, depuradoras y cocederos de moluscos".
La modificación del reglamento en cuestión "pretende que el plazo concesional extraordinario establecido en 75 años se contabilice desde la fecha inicial de la concesión, y no desde cuando fue tramitada su renovación".
En este sentido, la Xunta apuesta "porque en el plazo máximo de duración de las concesiones se tengan en cuenta únicamente las prórrogas" e incide en que "no tiene sentido volver a revisar las concesiones iniciales cuando se tramita su prórroga".
En la Consellería do Mar advierten de que sacar ciertas actividades del dominio público marítimo-terrestre, como pueden ser las depuradoras, puede hacerlas no rentables y, por lo tanto, inviables.
En esta reunión Rosa Quintana insistió en que "la Xunta defiende ante todo el principio de seguridad jurídica, para que los afectados no dependan de cambios arbitrarios en la legislación que pueden poner en riesgo su actividad".
Y parece que también hizo hincapié "en la necesidad de definir un escenario claro y preciso en el que las empresas y entidades asociativas de productores del sector puedan continuar con su actividad con normalidad".
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya habló de esto hace unos días en Catoira, donde señaló que "la ley que permitió la prórroga de muchas industrias conserveras en Galicia, si se interpreta como dice el Gobierno de España, puede hacer que se anulen esas prórrogas, y en consecuencia habrá que discutir si estas industrias conserveras tienen que cerrar o no; y dado que las depuradoras de moluscos están en zona de dominio público marítimo terrestre el PSOE también querrá discutir si cerrarlas".
Si esto es así, advierte el presidente, "no habrá lugares en los que depurar el mejillón, y si este Gobierno de España sigue tomándose el país a broma y aplica el mismo criterio, los bateeiros podrían quedarse sin sus concesiones".
