Representantes de la Asociación Galega de Depuradores de Molusco (Agade) y la Consellería do Mar, capitaneados por Roberto Fariña y Rosa Quintana, respectivamente, analizaron ayer los problemas que, según los primeros, puede causar el nuevo reglamento de la Ley de Costas que prepara el Estado central y también preocupa a la Xunta.
Se explicó en el encuentro que esta modificación del reglamento general de Costas “puede dejar en una situación de inseguridad jurídica a más de un centenar de empresas gallegas, entre conserveras, instalaciones de acuicultura, depuradoras y cocederos de moluscos”.
La modificación del reglamento en cuestión “pretende que el plazo concesional extraordinario establecido en 75 años se contabilice desde la fecha inicial de la concesión, y no desde cuando fue tramitada su renovación”.
En este sentido, la Xunta apuesta “porque en el plazo máximo de duración de las concesiones se tengan en cuenta únicamente las prórrogas e incide en que no tiene sentido volver a revisar las concesiones iniciales cuando se tramita su prórroga”.
En la Consellería do Mar advierten de que sacar ciertas actividades del dominio público marítimo-terrestre, como pueden ser las depuradoras, puede hacerlas no rentables y, por lo tanto, inviables.
En esta reunión Rosa Quintana insistió en que “la Xunta defiende ante todo el principio de seguridad jurídica para que los afectados no dependan de cambios arbitrarios en la legislación que pueden poner en riesgo su actividad”.
Y parece que también hizo hincapié “en la necesidad de definir un escenario claro y preciso en el que las empresas y entidades asociativas de productores del sector puedan continuar con su actividad con normalidad”.
