Los vecinos de O Grove, y particularmente los del barrio de O Sineiro, vuelven a estar preocupados ante la posibilidad de que derriben su local social. Ya padecieron esta sensación en repetidas ocasiones durante la última década, pero todo parecía haberse olvidado ya. Ahora resulta que la imposición de otra multa al Concello por parte de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) hace que reaparezcan viejos fantasmas y deja claro que el problema no está resuelto, ni mucho menos.

Como se informaba ayer el local para usos sociales del barrio de O Sineiro ha costado ya 25.000 euros a las arcas municipales en concepto de multas.

Y todo porque la APLU ordenó su demolición y los recursos formulados por el gobierno local no le hicieron cambiar de opinión. Ni siquiera los procesos judiciales que llegaron a dar la razón al Ayuntamiento. Como consecuencia, dado que no se tiró esta pequeña caseta, el departamento urbanístico dependiente de la Xunta impone multas coercitivas a la Administración local, la última de casi 11.000 euros.

Para entender lo que está pasando hay que remontarse a septiembre de 2010, cuando el empresario Óscar Miniño presentó denuncia por la construcción de la caseta vecinal de O Sineiro y propició que la APLU incoara expediente de reposición de legalidad por considerar que la obra, consistente en "una edificación de forma rectangular con una única planta de altura" y apenas 50 metros cuadrados de superficie, se realizó "sin licencia".

El jefe del Servicio de Inspección Urbanística de la APLU emitió en 2011 un informe en el que concluyó que la obra de O Sineiro era "ilegalizable" por considerarla "incompatible con el ordenamiento urbanístico".

Es decir, que la APLU daba la razón al empresario Óscar Miniño en su denuncia contra la caseta que el anterior gobierno municipal, el del socialista José Cacabelos, hacía construido en el lugar de O Sineiro con fondos del "Plan E".

La Junta de Gobierno Local presentó alegaciones en mayo de aquel año, y el 16 de septiembre se emitía desde la APLU una "propuesta de resolución del expediente de reposición de legalidad urbanística en el sentido de declarar la obra ilegalizable, con obligación de demolición".

Contra esa resolución el Concello de O Grove interpuso un recurso de reposición que la APLU desestimó en enero de 2012, forzando a la Administración local a presentar en el juzgado un recurso contencioso administrativo que acabó ganando un año después, cuando la Justicia decidió "dejar sin efecto la orden de demolición de la construcción litigiosa y otorgar el trámite legal para su legalización".

Pero cuando todo parecía solventado, una nueva sentencia judicial emitida en 2014 quitaba la razón al Concello y se la daba a la APLU, que había presentado el correspondiente recurso. Esto abría de nuevo las puertas al derribo, de ahí a estas alturas sigan llegando multas por no tirar la caseta.

Miniño denunció que la construcción era ilegal y la APLU señalaba que la caseta se había construido en una zona afectada por un plan especial en la que no se podía levantar construcción alguna y donde lo único que se podía hacer era conservar las ya existentes.

Allí existía ya un viejo y deteriorado local social y lo que Cacabelos decidió durante el mandato 2007-2011 fue tirarlo y construir uno nuevo en su lugar, alegando que la caseta ya existía, que era preciso renovarla para dar un servicio digno a los vecinos y que aquel suelo era urbano y estaba plenamente consolidado.

Pero la APLU se mantuvo en las suyas y concedió un plazo de tres meses al Ayuntamiento para proceder al derribo de las instalaciones, algo que, evidentemente, nunca se hizo, a pesar de que dicho órgano advirtió de que si el Concello no ejecutaba la demolición la haría la propia agencia; aunque tampoco fue así.

Además, la APLU amenazaba con una sanción económica de hasta 10.000 euros, que viene a ser más o menos lo mismo que se impuso al Concello en la última multa coercitiva impuesta por esta presunta infracción urbanística, elevándose a 25.000 euros los pagos realizados ya por este motivo en los últimos tiempos.

Con la sombra de la piqueta planeando sobre el inmueble, José Cacabelos actuaba como líder de la oposición cuando en octubre de 2011 instaba al gobierno tripartito del PP, PGD y Ameca a pronunciarse públicamente y con claridad en relación con la orden de derribo, para saber si estaba "al lado de los vecinos o no"; si iba a impedir el derribo o iba a acatarlo.

Lo que hizo el entonces primer edil, el conservador Miguel Pérez, fue recordar al socialista que si había un problema sobre la mesa era porque el propio Cacabelos lo había generado siendo alcalde, a pesar de que se había advertido que aquella obra era ilegal y de que podría resultar ilegalizable.

"Ante una orden de demolición como la dictada por la APLU cualquier dirigente político sería cauto, e incluso pediría disculpas por haber hecho las cosas mal en lugar de dedicarse a exigir a los demás que solucionen lo que él hizo de manera irregular", espetaba Pérez a Cacabelos.

El conservador llegaba a decir que su predecesor había "vulnerado todas las normativas aplicables", pero aún así garantizaba que el Concello iba a recurrir la petición de derribo de la APLU, al entender que la caseta, aunque "instalada ilegalmente" por el anterior gobierno, era "un bien público que está dando un importante servicio a los vecinos".

Pérez añadía: "Ya hemos dado muestras de nuestra implicación con esta caseta, y los vecinos los saben, por lo que seguiremos peleando para salir de esta lamentable situación en la que nos metió el anterior alcalde".

Así las cosas, condicionado por no disponer de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que solucionaría este problema definitivamente, el Concello decidió acudir a la vía judicial para defender la caseta de O Sineiro.

Mientras se libraba aquella batalla política y se avivaba el enfrentamiento entre PP y PSOE, por otra parte habitual en esta localidad, sobre todo si el urbanismo está en medio, el procedimiento judicial seguía su curso, para resolverse en enero de 2013, cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra resolvió favorablemente el recurso presentado por el gobierno de Pérez. O lo que es lo mismo, daba la razón al Concello y salvaba del derribo la caseta vecinal, al entender que era legalizable.

Aunque hay un "pero", y quizás éste sea el motivo de que la APLU siga multando al Concello después de tanto tiempo: La Justicia instaba al Concello a actuar en consecuencia poniendo todo en regla para zanjar definitivamente esta situación. Y eso de actuar en consecuencia, o dicho de otro modo, legalizar la obra, no se hizo aún; sencillamente porque O Grove sigue sin PXOM.

Aquel fallo, dictado después de que el empresario Óscar Miniño denunciara que se había levantado la nueva caseta en zona verde y sin cumplir las ordenanzas o normas urbanísticas, era un soplo de aire fresco para un Concello que insistía en que el espacio utilizado por la caseta ya estaba, en la práctica, urbanizado (suelo urbano consolidado).

El Juzgado de lo Contencioso lo había entendido así, explicando que "se trata de una edificación municipal, ubicada en suelo municipal, en terreno de equipamientos, destinada a sede social de la Asociación de Veciños O Sineiro, levantada donde ya antes había otro local desde hace más de 20 años y que se encontraba en deficiente situación (?)".