15 de marzo de 2019
15.03.2019
La sombra de la piqueta planea de nuevo sobre O Grove

La amenaza del derribo pesa sobre la caseta vecinal de O Sineiro, una década después

Es un local social de apenas 50 metros cuadrados instalado en 2010 para sustituir otro que estaba en pésimo estado

15.03.2019 | 12:42

El local para usos sociales del barrio de O Sineiro, en O Grove, está saliendo muy caro a las arcas municipales: Unos 25.000 euros en multas. Hace años la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) ordenó su demolición, y parece que los recursos formulados por el gobierno local no le hicieron cambiar de opinión. Ni siquiera los procesos judiciales que llegaron a dar la razón al Ayuntamiento. La consecuencia es que como no se tiró esta pequeña caseta el departamento urbanístico dependiente de la Xunta impone multas coercitivas a la Administración local, la última de casi 11.000 euros.
Así lo confirma el alcalde, José Cacabelos, después de que el Partido Galeguista Demócrata (PGD) mostrara su sorpresa tras comprobar que la Junta Local de Gobierno acordó el pasado 11 de febrero pagar una de esas multas, por importe de 10.706,37 euros.
"Considerábamos que era un tema superado, a tenor del tiempo transcurrido, y nos llama la atención tanto que la APLU imponga estas multas como su elevada cuantía, por lo que cabe preguntarse cuánto ha gastado ya el Concello en este caso", reflexiona el galeguista Félix Lamas.
Quiere conocer las cifras exactas y hasta dónde está dispuesto a llegar el Concello en relación con este asunto, a lo que cabe responder que se han gastado ya en multas los 25.000 euros antes aludidos, que es prácticamente lo mismo que costó construir este local social para reponer el que estaba en su lugar, totalmente deteriorado. El problema es que tirarlo ahora y levantar otro nuevo costaría mucho más.

Denuncia de Óscar Miniño

Para entender lo que está pasando hay que remontarse a septiembre de 2010, cuando el empresario Óscar Miniño presentó denuncia por la construcción de la caseta vecinal de O Sineiro y propició que la APLU incoara expediente de reposición de legalidad por considerar que la obra, consistente en "una edificación de forma rectangular con una única planta de altura" y apenas 50 metros cuadrados de superficie, se realizó "sin licencia".
El jefe del Servicio de Inspección Urbanística de la APLU emitió en 2011 un informe en el que concluyó que la obra de O Sineiro era "ilegalizable" por considerarla "incompatible con el ordenamiento urbanístico".
Es decir, que la APLU daba la razón al empresario Óscar Miniño en su denuncia contra la caseta que el anterior gobierno municipal, el del socialista José Cacabelos, hacía construido en el lugar de O Sineiro con fondos del "Plan E".
La Junta de Gobierno Local presentó alegaciones en mayo de aquel año, y el 16 de septiembre se emitía desde la APLU una "propuesta de resolución del expediente de reposición de legalidad urbanística en el sentido de declarar la obra ilegalizable, con obligación de demolición".

Sentencias contradictorias

Contra esa resolución el Concello de O Grove interpuso un recurso de reposición que la APLU desestimó en enero de 2012, forzando a la Administración local a presentar en el juzgado un recurso contencioso administrativo que acabó ganando un año después, cuando la Justicia decidió "dejar sin efecto la orden de demolición de la construcción litigiosa y otorgar el trámite legal para su legalización".
Pero cuando todo parecía solventado, una nueva sentencia judicial emitida en 2014 quitaba la razón al Concello y se la daba a la APLU, que había presentado el correspondiente recurso. Esto abría de nuevo las puertas al derribo, de ahí a estas alturas sigan llegando multas por no tirar la caseta.

Los antecedentes

Miniño denunció que la construcción era ilegal y la APLU señalaba que la caseta se había construido en una zona afectada por un plan especial en la que no se podía levantar construcción alguna y donde lo único que se podía hacer era conservar las ya existentes.
Allí existía ya un viejo y deteriorado local social y lo que Cacabelos decidió durante el mandato 2007-2011 fue tirarlo y construir uno nuevo en su lugar, alegando que la caseta ya existía, que era preciso renovarla para dar un servicio digno a los vecinos y que aquel suelo era urbano y estaba plenamente consolidado.
Pero la APLU se mantuvo en las suyas y concedió un plazo de tres meses al Ayuntamiento para proceder al derribo de las instalaciones, algo que, evidentemente, nunca se hizo, a pesar de que dicho órgano advirtió de que si el Concello no ejecutaba la demolición la haría la propia agencia; aunque tampoco fue así.
Además, la APLU amenazaba con una sanción económica de hasta 10.000 euros, que viene a ser más o menos lo mismo que se impuso al Concello en la última multa coercitiva impuesta por esta presunta infracción urbanística, elevándose a 25.000 euros los pagos realizados ya por este motivo en los últimos tiempos.
Con la sombra de la piqueta planeando sobre el inmueble, José Cacabelos actuaba como líder de la oposición cuando en octubre de 2011 instaba al gobierno tripartito del PP, PGD y AMeca a pronunciarse públicamente y con claridad en relación con la orden de derribo, para saber si estaba "al lado de los vecinos o no"; si iba a impedir el derribo o iba a acatarlo.
Lo que hizo el entonces primer edil, el conservador Miguel Pérez, fue recordar al socialista que si había un problema sobre la mesa era porque el propio Cacabelos lo había generado siendo alcalde, a pesar de que se había advertido que aquella obra era ilegal y de que podría resultar ilegalizable.
"Ante una orden de demolición como la dictada por la APLU cualquier dirigente político sería cauto, e incluso pediría disculpas por haber hecho las cosas mal en lugar de dedicarse a exigir a los demás que solucionen lo que él hizo de manera irregular", espetaba Pérez a Cacabelos.
El conservador llegaba a decir que su predecesor había "vulnerado todas las normativas aplicables", pero aún así garantizaba que el Concello iba a recurrir la petición de derribo de la APLU, al entender que la caseta, aunque "instalada ilegalmente" por el anterior gobierno, era "un bien público que está dando un importante servicio a los vecinos".
Pérez añadía: "Ya hemos dado muestras de nuestra implicación con esta caseta, y los vecinos los saben, por lo que seguiremos peleando para salir de esta lamentable situación en la que nos metió el anterior alcalde".
Así las cosas, condicionado por no disponer de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que solucionaría este problema definitivamente, el Concello decidió acudir a la vía judicial para defender la caseta de O Sineiro.
Mientras se libraba aquella batalla política y se avivaba el enfrentamiento entre PP y PSOE, por otra parte habitual en esta localidad, sobre todo si el urbanismo está en medio, el procedimiento judicial seguía su curso, para resolverse en enero de 2013, cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra resolvió favorablemente el recurso presentado por el gobierno de Pérez. O lo que es lo mismo, daba la razón al Concello y salvaba del derribo la caseta vecinal, al entender que era legalizable.
Aunque hay un "pero", y quizás éste sea otro de los motivos por los que la APLU sigue multando al Concello después de tanto tiempo: La Justicia instaba al Concello a actuar en consecuencia poniendo todo en regla para zanjar definitivamente esta situación. Y eso de actuar en consecuencia, o dicho de otro modo, legalizar la obra, no se hizo aún; sencillamente porque O Grove sigue sin PXOM.
Aquel fallo, dictado después de que el empresario Óscar Miniño denunciara que se había levantado la nueva caseta en zona verde y sin cumplir las ordenanzas o normas urbanísticas, era un soplo de aire fresco para un Concello que insistía en que el espacio utilizado por la caseta ya estaba, en la práctica, urbanizado (suelo urbano consolidado).

Todo en regla

El Juzgado de lo Contencioso lo había entendido así, explicando que "se trata de una edificación municipal, ubicada en suelo municipal, en terreno de equipamientos, destinada a sede social de la Asociación de Veciños O Sineiro, levantada donde ya antes había otro local desde hace más de 20 años y que se encontraba en deficiente situación (€)".
Todo eso "sin obviar que los intereses del Concello son proteger el uso y disfrute de los vecinos del lugar, sirviendo de sede de reuniones vecinales y lugar de asociacionismo, como se indica en informe de la Alcaldía de 12 de marzo de 2012 -siendo regidor Miguel Pérez-, en un comunicado de la asociación de O Sineiro de 22 de febrero de 2012 y en el proyecto de instalación de la caseta prefabricada".



Óscar Miniño y la APLU entendían que "la obra vulnera lo dispuesto en la Ordenanza número 6 para Plan Especial de O Sineiro, pues solo se permiten obras de conservación y mantenimiento, y además las obras de nueva planta están prohibidas en terrenos calificados como zonas verdes". Pero la Junta de Gobierno Local había alegado en su recurso que "la ordenanza de aplicación es la número 7, referida a equipamientos públicos, y no la 6; y además la construcción en cuestión no se ubica en zona verde, sino en suelo urbano consolidado".
El Juzgado así lo entendió, argumentando que "no hay duda sobre el carácter urbano del suelo en el que se ubica la parcela litigiosa", pues si bien es cierto que en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de O Grove, aprobadas en 1996, "se incluía esa parcela dentro del ámbito de planeamiento especial de O Sineiro, no lo es menos que se cumplen los requisitos de para ser considerado suelo urbano consolidado".

Muestras de satisfacción iniciales

El exalcalde Miguel Pérez y su socio de gobierno Alfredo Bea explicaban, tras conocer aquella sentencia, que "la caseta se sitúa en suelo urbano consolidado, de ahí que se defendiera su continuidad, y el juzgado confirma que la instalación se ajusta a los parámetros establecidos e insta a este Concello a legalizar la obra, que es lo que haremos ahora, pues la consideramos importante para el interés vecinal".
Y tanto Pérez, en aquel momento, como después Cacabelos, en el presente mandato, se pusieron manos a la obra para sacar adelante el PXOM que no solo legalizaría esta obra, sino que además aportaría otras muchas ventajas urbanísticas a la localidad. Sin embargo, ninguno de ellos lo consiguió, y ésta parece la razón de que el local social de O Sineiro vuelva a cobrar protagonismo y que la sombra de la piqueta vuelva a planear sobre O Grove.
El Partido Galeguista Demócrata (PGD) mostraba en 2013 su satisfacción por el fallo del Juzgado de lo Contencioso con el que se evitaba la demolición de la caseta, aunque se pregunta ahora qué ha pasado y por qué siguen llegando multas al Concello.
También en 2013, a raíz del fallo que podía conocer a través de FARO DE VIGO, Cacabelos saltaba a la palestra para agradecer el respaldo recibido por parte de los vecinos y cargar con dureza contra el empresario Óscar Miniño, quien lo había denunciado tanto por esta caseta vecinal como por la construcción del edificio administrativo.

La batalla política

El socialista arremetía también contra la APLU y el Partido Popular, alegando que habían hecho de esa agencia urbanística "un instrumento político incapaz de centrar sus esfuerzos en actuar contra las ilegalidades urbanísticas que son de su competencia".
Aquello parecía el punto final a un enfarragoso proceso. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que la APLU recurrió ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) aquella decisión judicial del Contencioso que le había sido contraria.
Y fue así como en diciembre de 2013 el TSXG resolvía a favor del organismo de control del urbanismo dependiente de la Xunta de Galicia y reabría la posibilidad de que la caseta vecinal fuera derribada.
De este modo, como se aclaró entones, todo quedaba en manos de la propia APLU, que podía exigir al Concello el cumplimiento del expediente administrativo iniciado en su día para perseguir la demolición. Y así lo está haciendo con la imposición de las multas coercitivas que seguirá aplicando hasta lograr el derribo del local social.

Reclamación vecinal

De poco parecen haber servido las peticiones cursadas por políticos y vecinos que tras el fallo del TSXG se posicionaron a favor de mantener en pie la caseta por considerarla "un bien de interés social", que "no molesta a nadie" y que ocupa un suelo que en la práctica es núcleo urbano consolidado.
Los grovenses alegaban incluso que no debe gastarse dinero del erario público en algo para cuya construcción también se emplearon fondos públicos.

En marzo de 2015, ya en plena campaña para las elecciones que volverían a situar a José Cacabelos en la Alcaldía, los vecinos de O Sineiro reclamaban al Concello "una implicación total" y la realización de "todo tipo de gestiones" para evitar la demolición del local.

Un derecho adquirido

Defendían así su "derecho" a seguir disfrutando de unas instalaciones que ocupan ese mismo lugar desde hace casi tres décadas; "una caseta pequeña que lleva aquí casi toda la vida, aunque tuvieran que cambiarla, que usamos para reunirnos y organizar actividades".
Los ciudadanos reclamaron, incluso en asambleas vecinales, "que en el Ayuntamiento hagan lo que sea necesario para que la caseta siga en pie".
Y en mayo de 2015 llegaron las elecciones, cambió el gobierno y ahí se murió este asunto, del que nunca más se supo hasta que ahora, a las puertas de una nueva cita electoral, sale a relucir que la caseta de O Sineiro debe ser demolida y que el Concello sigue pagando multas por no hacerlo.

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