07 de marzo de 2019
07.03.2019

Decenas de perros viven encadenados de forma permanente en O Salnés

La asociación animalista Libera denuncia esta situación prohibida por ley de forma expresa

07.03.2019 | 11:51
Decenas de perros viven encadenados de forma permanente en O Salnés

La asociación animalista Libera y la Fundación Franz Weber, a través de su campaña "sin cadenas" ha formulado denuncias por la continuidad de decenas de perros atados de forma permanente en la comarca de O Salnés, a pesar de que la ley de Bienestar Animal de Galicia prohíbe de forma expresa esta limitación continuada de movimientos.

Los animalistas señalan que, a pesar de las denuncias vecinales y de las quejas formuladas por los propios colectivos en numerosas ocasiones ante la Xunta de Galicia, no parecen existir cambios sustanciales para los canes que se ven forzados a una situación de cautividad permanente que provoca, no solo daños físicos, sino problemas de socialización, contribuyendo a generar animales agresivos y sin ningún tipo de contacto humano.

La asociación indica que, a pesar de que la normativa contempla esta práctica como una infracción de carácter grave, con sanciones de hasta 5.000 euros, el ejecutivo autonómico y no pocos concellos de la comarca de O Salnés, ignoran su obligación de inspeccionar e investigar cualquier potencial caso de maltrato o abandono, mientras los animales siguen en condiciones deplorables.

En este sentid, los animalistas han subrayado que sí existen concellos preocupados por esta problemática en el territorio, como el de A Coruña, que solo en 2018 ha trasladado a la Xunta de Galicia más de un centenar de denuncias por posibles comisiones de infracciones graves y muy graves, también por limitación de movimientos, sin que el ejecutivo autonómico tampoco haya dado respuesta.

Como solución los miembros de la Fundación y de Libera proponen que la Diputación de Pontevedra, junto con los municipios, desarrollen campañas de sensibilización y prevención de las malas prácticas para tratar de suplir la desidia institucional del gobierno autonómico que, un año después de la entrada en vigor de la ley, sigue sin poner los medios necesarios para combatir prácticas como el encadenamiento permanente.

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