Cuando un vecino quiere abrir un pozo de regadío, tiene que solicitar un permiso en la Dirección Xeral de Minas de la Xunta de Galicia. Si en el sondeo aparece agua, tendrá que comunicárselo o bien a Augas de Galicia, que también depende de la Xunta, o bien a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Vilagarcía explican que según la Lei do Solo, la única obligación que tienen los particulares con los concellos es la de comunicar la apertura del acuífero. Y no siempre se hace. "Si una persona acude al Ayuntamiento para denunciar la existencia de un pozo sin tapar en una zona de acceso público, lo que hace el Concello es dar parte a Augas de Galicia para que busque al titular", indican fuentes municipales.

Pero el hecho de que ni los concellos ni la Xunta multen no significa que los propietarios estén exentos de responsabilidad. De hecho, el titular de la fuente de agua es el responsable de lo que le pueda pasar a un tercero. En Totalán, por ejemplo, el dueño de la parcela donde estaba la mina en la que murió el pequeño Julen fue citado a declarar en el juzgado en calidad de investigado.

Eso sí, no hay que olvidar que en ocasiones localizar al dueño de un pozo puede ser tarea de meses, o hasta de años. El abandono de la actividad agrícola, la emigración, o las herencias partidas hace décadas pueden convertir esa búsqueda en un laberinto administrativo interminable.