La tramitación de un proyecto temporal para la legalización de los vertidos contaminantes de la mina de cobre de Touro a los afluentes del río Ulla, que desemboca en la ría de Arousa, ha hecho saltar todas las alarmas en la Plataforma en Defensa da Ría, PDRA, en la que se integran todos los sectores productivos. De esta forma, sus representantes se han enterado de que existían analíticas de Augas de Galicia que detectaban la contaminación y que durante 33 años se efectuaron vertidos desde balsas de esta mina que no contaban con autorización.

La PDRA exige, mediante la presentación de alegaciones, a Augas de Galicia que no otorgue las autorizaciones de vertido y que la Xunta deniegue definitivamente la autorización del proyecto minero por los riesgos y perjuicios sociales, ambientales y para la salud.

Los sectores productivos preparan una gran manifestación, que solo está pendiente de la fecha, para recordar a la Administración autonómica el rechazo de la mayor parte de la ciudadanía y de los sectores de mar y de tierra, a la reapertura de la mina de cobre, tal como ya quedó expresada en la concentración ciudadana de junio en la Praza do Obradoiro.

Sus representantes integrados en la plataforma explican que la movilización vuelve a ser actualidad ya que ahora la empresa pretende que Augas de Galicia emita autorización de vertidos contaminantes. Recuerdan que el trámite se inició tras una inspección técnica del departamento de Minas de la Xunta de Galicia en A Coruña, a raíz de la que se requiere a la empresa que presente un proyecto de drenaje para dar solución a los efluentes de la mina que vierten a los ríos Angumil, Portapego y Felisa. En ese informe se indica además que "debe presentar la solicitud para obtener del organismo de cuenca las autorizaciones pertinentes para el desarrollo de su actividad, en el plazo de 40 días, tanto las relativas a la zona de Arinteiro como a la de Bama".

Este requerimiento -recuerda la PDRA- da origen a una resolución posterior de la Jefatura de Industria en A Coruña en la cual queda acreditada "la necesidad de corrección de las surgencias de aguas de calidad deficiente de Angumil, Portapego y Felisa, y que carecen de autorización de vertido del organismo de cuenca". La plataforma expone que estas acciones administrativas le dan la razón a la ciudadanía que viene manifestando que la mina de Touro contamina con aguas ácidas y con metales en suspensión que superan los parámetros legalmente permitidos.

La PDRA añade que "esta situación ahora reconocida se viene manteniendo de forma continuada desde hace más de 30 años. Desde 1982 la Xunta de Galicia asumió las competencias plenas en minas, y sin embargo, fue permisiva, sin tomar medidas que evitaran la contaminación, permitiendo que la empresa minera estuviera deshaciendo el medio ambiente a su antojo".

"Estamos ante un caso de una conducta reiterada a lo largo de más de 30 años, de realización de una actividad de vertido ilegal sobre elementos del medio físico, aguas terrestres que alcanzan las marinas, con infracción de la normativa reguladora al sobrepasar los parámetros legales y actuando sin permisos de cuenca (Augas de Galicia), generando una situación de peligro grave para las personas, animales y el medio ambiente; todo ello lo recoge el Código Penal como delito. Además la Constitución Española establece como obligación de los poderes públicos velar por los recursos naturales, a fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente", exponen los representantes de la plataforma.