No habrá pleno sobre los posibles vínculos de la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, y su familia con un presunto contrabandista, tal y como solicitó el Partido Popular en aras de clarificar un asunto que, consideran los conservadores, hace mucho daño a la imagen pública de la villa del albariño. La regidora anunció ayer que no va a convocar esta sesión porque hacerlo sería "completamente ilegal, e incluso, podría incurrir en un presunto delito de malversación de caudales públicos, algo que no estoy dispuesta a hacer".

Abal se apoya en un informe que ha sido elaborado por el presidente de Secretarios e Interventores de la provincia de Pontevedra y vicesecretario de la Diputación en el que se explica que la convocatoria de la sesión plenaria sería "ilegal" ya que los plenos "son un órgano de control y fiscalización al grupo de gobierno, y en este caso, la motivación no es esa, sino un ataque a mi vida personal", explica Abal.

Sus explicaciones coinciden con el análisis que se realiza en el informe emitido por el vicesecretario de la Diputación en el que se indica que el pleno solicitado por el PP se justifica en una supuesta alarma social y descrédito de la alcaldesa por las imputaciones a su marido y a otro familiar de supuestas conductas, cuanto menos "sancionables". Para el redactor del informe, "no existe afección a la competencia local y municipal que se deduzca del escrito de solicitud del PP, especialmente, por lo que se refiere al control y fiscalización del gobierno, ya que los hechos apuntados nada tienen que ver, al menos según lo presentado, con la gestión como cargo público de la alcaldesa". Tal desvinculación, continúa el informe, "se refuerza incluso, al tratarse de terceros que carecen de dicha condición y ajenos a la gestión pública; de hecho hasta podría sostenerse que el control, excede de la propia Alcaldía para situarse en su marido y cuñado, que serían los sujetos del debate a consecuencia de sus actuaciones totalmente ajenas al marco municipal". La conclusión sería distinta de relacionarse la actuación de la Alcaldía o de sus familiares "con asuntos propios locales, como que fuese contratista del Concello". Pero el golpe definitivo a la petición del PP se cita en el informe al analizar tres cuestiones sobre las que gira la solicitud del pleno. "Al no versar sobre la actuación de su cargo, de unos actos que tengan un mínimo de nexo con su gestión, ya que una cosa es controlar la acción de gobierno, y otra la vida privada, desconectada de la anterior; al no dirigirse, tan solo tangencialmente, a la propia persona de la alcaldesa, sino a sus familiares; al centrarse en exclusiva sobre valoraciones de índole penal o sancionable administrativamente", señala.

Abal llegó a comprometerse con el Partido Popular a celebrar el pleno un sábado, argumentando que "no tengo nada que ocultar sobre esta situación", mostrándose dispuesta a facilitar toda la información que le fuese requerida.

Sin embargo, fue a raíz de ese compromiso cuando varios compañeros de la alcaldesa la advirtieron de que la convocatoria de ese pleno podría ser ilegal. "Eso me llevó a consultarlo con un agente externo, como es el responsable de los secretarios de la provincia, que ayer confirmó la ilegalidad de esta convocatoria que, evidentemente, ya no voy a llevar a cabo". A mayores, la alcaldesa se siente dañada en su imagen por parte del Partido Popular que "sin conocimientos de derecho por parte de su portavoz municipal, Luis Aragunde, ha querido ser juez y parte en esto", una circunstancia que puede acabar provocando que la alcaldesa tome las medidas legales que estime oportunas y que estaría estudiando en estos momentos, porque "en política no todo vale y el señor Aragunde, si tiene pruebas de que existe un acto delictivo debe denunciarlas en el juzgado, no lanzar la piedra y esconder la mano pidiendo un pleno".